Sanidad
Condenan al SAS a pagar a un paciente los gastos de una operación por la demora en las listas de espera
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº4 de Málaga obliga a la sanidad pública a indemnizarle con 16.449 euros, por el coste de la intervención privada y los daños morales ocasionados
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº4 de Málaga ha reconocido el derecho de un paciente a que se le devuelvan todos los gastos de la intervención quirúrgica privada que se vio obligado a realizar ante la demora asistencial en las listas de espera del Servicio Andaluz de Salud , que deberá indemnizarle con 16.449 euros por el coste de la intervención y los daños morales ocasionados.
Según los hechos que se recogen en la demanda, presentada por Damián Vázquez, abogado colaborador de la Asociación El Defensor del Paciente, todo comenzó en enero de 2013, cuando el paciente, de 61 años en la actualidad, acudió al Centro de Atención Primaria de Arroyo de la Miel tras presentar episodios de dolor en región lumbar.
Fue remitido para valoración al Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatológica del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena, donde le realizan una resonancia magnética, y revelaron la presencia de «cambios post-cirugía con protusiones y fisuras lumbares» de una intervención que tuvo lugar en 1995.
El paciente acudió de nuevo en marzo de 2013 al Servicio de Urgencias del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena y al Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatológica después de que se agudizaran los dolores. Allí se emitió un diagnóstico de síndrome postdisdectomía y el médico indicó la necesidad de que fueses sometido a una intervención quirúrgica a la mayor brevedad posible . De lo contrario, las lesiones se agravarían, y pondrían en peligro aún más su salud, por lo que fue derivado a la Unidad de Raquis del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, según ha informado la Asociación.
En junio de 2013 volvió a visitar Urgencias sin noticias de la cita pendientey habiéndose visto obligado a tomar morfina y otros potentes analgésicos que apenas le aliviaban el dolor. El hombre se personó en las dependencias del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga para preguntar a qué se debía la demora en concederle la cita con los especialistas. En el centro le dijeron que no tenía ninguna cita pendiente , por l que regresó al Hospital en Benalmádena. Tampoco allí le atendieron y, además, le indicaron que era un paciente «rechazado» desde Málaga.
Ante esta situación, el hombre no tuvo más remedio que ser intervenido, en septiembre de 2013, en un hospital privado de Málaga, con microdiscectomía y artrodesis con fijador , lo que le supuso un desembolso económico que, tras la sentencia, deberá serle devuelto por el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Seis meses de espera
Según explican desde el Defendor del Paciente, la decisión de someterse a intervención en un centro privado fue tomada tras más de seis meses esperando a que le fuera concedida una cita para valorar la intervención en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria.
Durante el juicio, un perito médico confirmó que se derivó al paciente a consulta especializada de columna del Hospital de referencia, pero esta cita se retrasó «de forma inaceptable , empeorando mientras tanto el paciente de su sintomatología dolorosa y de la afectación nerviosa, que pasó de sólo tener afectación sensitiva cuando se valoró en el sistema público de salud a tener también afectación motora».
Según el abogado Damián Vázquez resulta «escandaloso» que la cita con la unidad especializada del raquis (columna) del sistema público de salud se realizara finalmente en 2014. Había transcurrido un año y medio desde la solicitud y un año desde que fue intervenido en la sanidad privada.
Tanto el letrado com la presidenta de la Asociación, Carmen Flores, han destacado la importancia de esta sentencia para otros pacientes que se vean afectados por listas de esperas, ya que no sólo procede a reconocer el pago de los gastos de la intervención quirúrgica privada, sino que además añade 3000 euros más en concepto de daños morales por la «zozobra, incertidumbre y angustia que comportó para el mismo desconocer cuándo iba a valorarse su patología, máxime cuando se le informó en la sanidad privada que precisaba de tratamiento quirúrgico para suprimirla».
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