El caos urbanístico de Marbella se extiende mínimo hasta 2020

Marbella sigue pendiente de una regulación para su suelo, anulada en noviembre de 2015 por el Tribunal Supremo. Tras la decisión de suspender el Plan General de Ordenación Urbana aprobado en 2010 porque legalizaba los desmanes de años de corrupción, el cambio es arduo y el sector se muestra reticente. La inseguridad y el caos es el principal rival para los gestores municipales, que luchan por aclarar una situación enquistada en los procesos burocráticos. Según la concejala de Urbanismo de Marbella, Isabel Pérez, la elaboración del nuevo PGOU se iniciará a finales de año o a principios de 2018 . Tras esto, las cuentas se basan en el retraso, pese a la urgencia. La propia edil explica que la redacción puede llevar «dos años para tener un avance» y no sabe concretar cuánto tiempo pasará para la aprobación definitiva. Por tanto, Marbella no tendrá un boceto de su normativa reguladora de suelo mínimo hasta 2020 . Y eso si no aparecen las demoras habituales en estos procesos.

Para mitigar los efectos, el Ayuntamiento lleva un año ultimando, junto con la Junta de Andalucía, la adaptación del PGOU de 1986 a la actual normativa andaluza. Regulación que permitiría hacer modificaciones estructurales en la obsoleta ordenación que ahora normaliza el suelo marbellí . Algo que el Consistorio tiene que compaginar con las alegaciones de los propietarios afectados tras la decisión del Tribunal Supremo, que en la misma fecha anuló también el Plan Territorial de la Costa del Sol de la propia Junta de Andalucía.

Con todo esto, la ciudad bajó en el 2016 el número de licencias otorgadas para obras, según los datos municipales. Números que se suman al que ya adelantó el Colegio de Arquitectos de Málaga y que aseguraba que los visados de viviendas en la ciudad se desplomaban un 28 por ciento. Pese a esto, ha habido un aumento del dos por ciento en obras mayores iniciadas . Una cifra que se debe a lo que el Colegio de Arquitectos detectó a finales de año como tendencia en la ciudad. Los arquitectos apuntaban a una subida, en esta parte de la estadística, porque se estaban rescatando obras paralizadas y proyectos aparcados. Motivos que ayudaban también a la mejora de las cifras en las inspecciones técnicas de edificios, que según el Consistorio han crecido un 55 por ciento en el último año. El Colegio de Arquitectos señaló, a finales de 2016, que este incremento se produciría y que se debe al rescate de obras iniciadas y paralizadas.

La búsqueda de una seguridad mínima para afrontar la inversión , en la que sigue siendo «la perla del Mediterráneo», ha hecho que el Consistorio experimente un incremento del 83 por ciento en los certificados de no infracciones. «Se pide esa seguridad para realizar transacciones inmobiliarias tras la anulación del Plan General», remarcó Isabel Pérez, quien ve un soplo de esperanza en este dato. «Evidencia el importante movimiento económico del sector», afirmó la concejala.