CORRUPCIÓN
Astapa queda con 51 acusados una década después de la explosión del caso
En un principio se llegó a investigar a 109 personas por el este caso de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona durante el gobierno del socialista Antonio Barrientos
La Fiscalía de Málaga ha remitido este viernes el escrito de acusación sobre el «caso Astapa» al Juzgado de Instrucción 1 de Estepona. En el documento pide la acusación de 51 de los procesados y archiva las pesquisas de otras 39 personas . En total fueron 109 los investigados por este caso de corrupción, que una década después, por diversas razone,s quedaron en 95. La Fiscalía informa de que quedan pendientes de resolver 4 recursos y que uno de los procesados falleció el año pasado.
La causa continúa de forma lenta, después de que los concejales de Estepona, Cristina Rodríguez y David Valadez, denunciaran el 16 de noviembre de 2006 en esta sede judicial los posibles devaneos que se estaban cometiendo en el seno del Consistorio.
En 2008, comenzaron las detenciones, entre las que se encontró el entonces alcalde socialista de Estepona Antonio Barrientos, que ha reconocido a ABC que no se le ha notificado nada aún sobre este escrito de acusación. En mayo del año pasado, acabó la instrucción de la «macrocausa», donde la mayor parte de los delitos investigados son en convenios urbanísticos . Según aquel auto judicial, es donde está «la auténtica clave del arco» de las irregularidades penales, que estarían también en las contrataciones y en la financiación de los partidos políticos de la coalición (PSOE y Partido de Estepona) que gobernaba la localidad.
Convenios urbanísticos
Se les acusa por la comisión de los presuntos delitos de cohecho, fraude, malversación, prevaricación, blanqueo de capitales, uso de información privilegiada por particular, tráfico de influencias, nombramiento ilegal, doble contabilidad o actividades profesionales prohibidas. Las pesquisas desveladas en mayo de 2017 explicaban que se han analizado 38 convenios urbanísticos y que, solo en siete de esos acuerdos el Consistorio dejó de percibir 20 millones de euros por parte del Consistorio.
La instrucción del «caso Astapa» explicó que el funcionamiento del Ayuntamiento era irregular y se extendía a todos los ámbitos. Según los testigos, las adjudicaciones de contratos «en un número elevadísimo eran a dedo» . El juez investiga la renovación de chiringuitos, la remodelación del Palacio de Congresos o la adjudicación del Congreso Mundial de Agencias de Noticias.
El dinero, supuestamente ilícito, de estas actividades iba a una «triple caja» . La «caja A» estaría limpia de delitos con «actuaciones totalmente fiscalizadas» y «una actuación administrativa correcta». La «Caja B» estaría dedicada a patrocinios y donaciones de empresarios con intereses en el municipio, sospechando de que era «una condición» para que el Ayuntamiento no truncara las aspiraciones de negocio. La «Caja C» es la correspondiente a regalos a miembros del Consistorio o personas de su entorno y pago de gastos electorales de los partidos, como un concierto de Los del Río.
Financiación PSOE
«Astapa» tiene un parte apunta a una financiación irregular entrando en el Derecho Penal del Partido de Estepona y del PSOE. «Se denotan pagos efectuados por entidades con intereses urbanísticos y con pago de conciertos y en efectivo en cantidades escandalosas , hasta con billetes con valor de 500 euros, que no son excepción», señalaba el auto de mayo.
En el centro de todo, el Juzgado de Instrucción 1 de Estepona destacó aquel mes de mayo a «la importancia» de Antonio Barrientos en la trama, que explica que recibió del grupo empresarial Valle Romano «regalos en navidades y le pagaron viajes» . La investigación señala «la tremenda capacidad de ahorro» del exalcalde, que salvó el pago de hipoteca y los recibos domiciliados en seis años. Las pesquisas señalan las obras de su casa por importe de más de 236.000 euros «pagadas por una empresa». No es el único.
La trama implica a otros ediles, familiares, empleados municipales y conocidos de los que tenían puestos de responsabilidad en el Consistorio y participaban de la estructura. Todo esto lo pagaban «empresarios con intereses urbanísticos» , que están llamados al proceso por cohecho y otros delitos, porque accedieron a los pagos exigidos al Ayuntamiento «para no frustrar los intereses pendientes ante dicho Consistorio».
