Antonio Barrientos, diez años esperando para declarar por segunda vez ante el juez

Antonio Barrientos, ex alcalde socialista de Estepona (2003-2008), declara en el Juzgado de Primera Instancia de Estepona, durante la jornada del jueves. Contestó a las preguntas del juez, la Fiscalía Anticorrupción y su defensa por su presunta implicación en el «caso Astapa». Barrientos respondió en un principio sobre expedientes administrativos en su etapa al frente del Consistorio . Las cuestiones fueron relativas a temas de contratación de servicios municipales y a la disciplina urbanística. «De momento va bien, le estoy contestando a todo», explicó el ex alcalde de Estepona, durante un receso en la declaración, tras el que aseguró que iban a comenzar «con los convenios» y que la comparecencia se alargaría «con suerte» hasta primera hora de la tarde.

Esta es la segunda vez, en nueve años de instrucción penal, que el ex regidor comparece ante la Justicia en calidad de imputado. «Tengo muchas ganas de declarar y explicarle al juez todo», aseguraba Barrientos en la previa a esta comparecencia ante la Justicia. En la primera ocasión, la declaración no duró más de 15 minutos, fue durante la primera fase de la operación policial desarrollada en junio de 2008. Barrientos, que ya pasó seis meses en prisión preventiva, intentó aclarar durante la jornada todas las preguntas acumuladas en más 700 tomos de instrucción y una década desde que comenzara la investigación en noviembre de 2006.

Una operación en la que fueron detenidos, aparte del alcalde, numerosos cargos políticos y concejales del municipio, junto con empresarios, técnicos, empleados municipales y algunos familiares de estos. En total, más de cien personas investigadas durante una década en una causa que se ha convertido en paradigma del caos judicial. Entre los familiares investigados, está la madre de Barrientos de 86 años y a la que se le acusa por blanqueo y tráfico de influencias al recalificar presuntamente una parcela en Estepona. Una imputación que el ex alcalde pidió que se levantara.

En la causa, que aún no ha llegado juicio y cuya instrucción tiene que acabar en el segundo semestre de 2017 por una prórroga extraordinaria, se investiga una presunta estructura de corrupción municipal orientada, según los autos de investigación, a obtener fondos de distintos promotores y empresarios para financiar actividades públicas y privadas de los partidos políticos que gobernaban en coalición –PSOE y Partido de Estepona (ex GIL)– y «enriquecerse personalmente». Entre los delitos que se investigan, en esta enquistada causa, están el de cohecho, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación o el fraude.