FISCALÍA
El alcalde de Casares y sus dos predecesores denunciados por prevaricación por una cantera ilegal
La Fiscalía abre proceso contra tres regidores de Izquierda Unida y siete concejales por permitir durante 20 años la clasificación de áridos en un paraje natural protegido del río Genal
Fue una denuncia anónima ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) la que descubrió la cantera de clasificación de áridos que vuelve a poner los tres últimos gobiernos de Izquierda Unida en este municipio malagueño ante la Justicia. El caso llegó a sede judicial en Estepona, que comenzó a instruir diligencias. La investigación se pasó a la Fiscalía, que ahora denuncia a los tres últimos alcaldes y a siete concejales por un delito de prevaricación por omisión.
Se acusa a José Carrasco, actual regidor, y al que el pasado junio se le abrieron diligencias por fraude, prevaricación y malversación por la relación laboral de un monitor deportivo con el Consistorio. También a Antonia Morera y a Juan Sánchez en este nuevo golpe legal a este Consistorio malagueño, donde suenan todavía los ecos de la corrupción tras la Operación «Majestic», que acabó en c ondena firme para Sánchez en el Supremo .
Junto a los tres regidores, se acusa también a los concejales de Medio Ambiente y Urbanismo de estas etapas. En total la investigación judicial, por la que el Ministerio Público formula la denuncia, se remonta a los últimos 10 años. Se pide responsabilidades por permitir y no actuar contra una cantera ilegal que, desde hace 20 años, opera sin permiso en el paraje Vegas del Barrancón.
Es una instalación que, según los indicios, ha operado sin licencia municipal de obras y sin autorización ambiental. El Ministerio Público resalta que la actividad «era conocida y consentida» por el Ayuntamiento de Casares. Explica que, el gobierno local, en el año 2000 se comprometió a declarar la planta clasificadora de áridos de «utilidad pública», pero que nunca llegó a hacerlo.
Sanción paralizada
Según la Fiscalía, el Consistorio llegó incluso a iniciar un expediente sancionador a esta planta de clasificación de áridos, pero nunca se completó. Fue abierto en contra de la instalación en el año 2007, por las reiteradas quejas de los vecinos por las molestias que ocasionaba el continuo tránsito de camiones, los daños que provocaban estos vehículos en los caminos y los perjuicios que conllevaba la actividad en el cauce del río Genal. Nunca se llegó a sancionar ni paralizar la actividad.
Las pesquisas nacen de una investigación del Seprona, que localizó en la zona la planta de áridos. Atestiguó su funcionamiento y confirmó la presencia de casetas para la reparación de maquinaria, un depósito de residuos peligrosos sin clasificar, báscula para camiones y más de 5.000 metros cúbicos de áridos ya extraídos .
En base a los datos aportado por la Guardia Civil, se formuló una denuncia y abrió diligencias, que acabaron en el juzgado y ahora en una denuncia de la Fiscalía a los responsables políticos del municipio que no evitaron este daño a la naturaleza y que vuelven a verse envueltos en otra disputa legal por su gestión.
