Tribunales
Los administradores del «Scándalo» se enfrentan a 4.000 años de prisión por prostitución
El juicio comienza este martes en la Audiencia de Málaga con 21 personas procesada por 167 supuestos delitos de explotación de sexual
Los administradores de los conocidos clubes de alterne «Scándalo» serán procesados a partir de este martes en la Audiencia Provincial de Málaga, donde la calificación fiscal pide casi 4.000 años de cárcel para los 21 encausados en diferentes roles dentro de la supuesta trama de explotación sexual en varias provincias de Andalucía, pero con base en el establecimiento del polígono industrial Guadalhorce de la capital malagueña. Sólo el cabecilla de esta supuesta red, que sería el dueño de este club de alterne y otros de las mismas características, se enfrenta a 680 años de cárcel por la presunta comisión de 167 delitos de prostitución en sus clubes de Málaga, Córdoba y Torremolinos.
En total fueron cuatro los establecimientos bajo el mando de esta persona en los que irrumpieron las autoridades para liberar a un nutrido grupo de mujeres obligadas, según la calificación fiscal, a vender su cuerpo para beneficio de los dirigentes de la trama. Solo el cabecilla se estima que se embolsó 18 millones de euros entre 1995 y diciembre de 2009 , cuando explotó la operación contra los cuatro prostíbulos de su propiedad en las localidades reseñadas. Las ganancias que habrían surgido de las supuestas actividades ilícitas de este «empresario» y sus subordinados habrían sido ocultadas, según las Fiscalía, mediante sociedades interpuestas.
La Fiscalía definió a instancias de las investigaciones practicadas que el dueño de los prostíbulos era el supuesto responsable de trazar las líneas maestras de la gestión estratégica del negocio. El Ministerio Público explica que era una organización totalmente jerarquizada , donde había un líder que marcaba la forma de actuar al personal de confianza que la transmitía en los prostíbulos a las personas que estaban a cargo de hacer que las mujeres supuestamente explotadas sexualmente cumplieran las órdenes.
Propietario real
A los acusados se les investiga, junto con el cabecilla, por los presuntos delitos de asociación ilícita, delitos contra la salud pública y contra los derechos de los trabajadores . El Ministerio Público considera que la estructura era jerárquica con «un propietario real», que fue quien dirigió un negocio de prostitución durante años utilizando para ello los diferentes locales que tenía en varios puntos de Andalucía.
El funcionamiento en los cuatro locales era muy similar. Las mujeres tenían una relación de «absoluta de subordinación» a los administradores de los establecimientos. Según la Fiscalía, no tenían libertad en cuanto a la forma y condiciones en las que ejercían la prostitución. Además, eran sancionadas económicamente e incluso expulsadas del club en el caso de no cumplir las normas y directrices marcadas por sus responsables.
De acuerdo con este escrito, los responsables utilizaban un sistema de rotación de las mujeres entre los diferentes clubes, pero principalmente entre los de Málaga y La Carlota en Córdoba, que eran los dos de mayor tamaño. Las obligaban a una jornada laboral «excesiva» que comenzaba a las 17.00 horas y se alargaba de forma diaria hasta las cinco de la madrugada. Esos mismos horarios llegaban hasta las seis de la mañana si era fin de semana.
Cientes drogados
En el relato acusatorio se destaca que las mujeres en situación irregular no se atrevían a denunciar por miedo a las posibles sanciones administrativa de las que pudieran ser objeto por parte de las autoridades judiciales. «Circunstancia que era aprovechada por el propietario y los responsables» para agravar su situación de explotación sexual.
Aunque las mujeres no estaban encerradas y podían salir cuando ellas lo deseaban, su libertad de elección estaba condicionada y se les sancionaba mediante multas e incluso la perdida de la «plaza» en el local de alterne si faltaban más de tres días en el prostíbulo en el que estuvieran asignadas. A los procesados también se les acusa de fomentar la venta de drogas , principalmente cocaína, en el interior de los locales entre los clientes. El Ministerio Público cree que lo hacían porque consideraban que el consumo de estos estupefacientes, por parte de los clientes, terminaba por incrementar el gasto en consumiciones y servicios sexuales.
El juicio comenzó en octubre del año pasado con las cuestiones previas de las defensas, en las que pidieron la nulidad de todo el proceso por vulneración de varios derechos fundamentales de los procesados. Sin embargo, el proceso tuvo que suspenderse. Finalmente, la fecha para el nuevo inicio era este lunes, pero tampoco se pudo reanudar, por lo que se prevé que comience este martes.
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