Los abogados se ponen en pie de guerra por los recortes en los pagos por el Turno de Oficio

La difícil «relación» entre los colegios de abogados y la Junta de Andalucía a colación de los continuos impagos por el denominado Turno de Oficio podría terminar de saltar por los aires después de que los representantes de los letrados en la provincia de Málaga hayan denunciado un recorte del 55 por ciento en las retribuciones que se perciben por el servicio de asistencia jurídica gratuita.

El decano del citado órgano colegial, Francisco Javier Lara , compareció este miércoles en rueda de prensa junto al diputado responsable del Turno de Oficio, Guillermo Jiménez, y el resto de la Junta de Gobierno del Colegio, para explicar que, con esta nueva bajada, los abogados andaluces empeorarían «aún más» sus condiciones de trabajo y pasarían a cobrar entre un 23 y un 74 por ciento menos que los de Galicia, Cataluña o País Vasco –las otras comunidades autónomas históricas– por realizar el mismo trabajo.

«La propuesta de la Junta, lamentable e intolerable», sentenció Lara, que animó al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) a sumarse a las reivindicaciones de la institución malagueña. «No nos quedaremos con los brazos cruzados», avisó.

Lara incidió en un comunicado en la importancia social del servicio de asistencia jurídica gratuita, que cumple un papel de protección de los más desfavorecidos reconocido en la Constitución Española y se ocupa de asuntos tan delicados como la asistencia a personas con escasos recursos, violencia de género, o menores.

«Ha quedado claro, como recientemente ha ratificado en una sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que los abogados de oficio no trabajan por dinero, pero socavar de esta manera sus condiciones laborales es un ataque directo a su función social, es un ataque no sólo a los abogados, sino también a los ciudadanos más desfavorecidos», declaró el decano.

El baremo de retribución que está vigente hoy día se publicó en septiembre de 2012 y ya establecía una bajada lineal del 10 por ciento respecto al anterior, de abril de 2009. El pasado 29 de octubre de 2015, el Parlamento andaluz aprobó una Proposición No de Ley que instaba al Ejecutivo andaluz a restituir ese porcentaje detraído, « mandato al que la Junta pretende dar la espalda con el borrador del 26 de marzo de 2016 que establece reducciones en las asignaciones de hasta un 55 por ciento».