Los 700.000 euros del rescate de Julen quedan a criterio del juez

La Junta estimó el coste del rescate de Julen del pozo de Totalán en 700.000 euros, bien es cierto que la mayoría de las empresas que participaron renunciaron a los importes más elevado, como es el combustible o las horas de trabajo de los operarios que estuvieron durante trece días luchando contra la montaña. Cuando se abrió el proceso judicial por «homicidio con imprudencia grave» contra David Serrano, propietario del terreno donde ocurrió el fatal accidente, la Administración regional se personó en la causa como perjudicada para intentar recuperar esa cuantía.

Sin embargo, el Gobierno andaluz no siguió dicha causa y no presentó el escrito de acusación en el que tendrían que pedir la pena y la reparación de la misma. Por eso, esos 700.000 euros quedan ahora a criterio del juez , que será el que determine si la Junta debe percibir un montante económico por el rescate y cuánto debe ser, tras dictar la sentencia de conformidad con los padres.

Lo que estime el magistrado que debe recibir la Junta para pagar el rescate se sumará a la multa que la propia Administración ponga a Serrano por las irregularidades en la ejecución del pozo y de las obras. También a los 180.000 euros que ha pactado pagar a los padres para reparar la pérdida y evitar el juicio en el que le pedía más de tres años de prisión. Cifra cercana al millón de euros , que supuestamente tendrá que soportar un acusado que se ha declarado «insolvente».

Hasta el momento, ya ha sido embargada la finca donde ocurrió la tragedia en Totalán, pero el valor de la misma está muy lejos de sufragar los costes del rescate. «David no la quiere» , afirma Antonio Flores, abogado de la defensa, que dice que el propietario la da por perdida y que le ha dicho que «se la pueden quedar». Las condiciones en las que está la propiedad tampoco es la mejor para ser revendida.

La parcela está destrozada por los trabajos de «minería» que se llevaron a cabo en la zona. Ya no es un lugar viable para poner una plantación de aguacates y mangos, como pretendía Serrano cuando la adquirió y la razón por la que realizó la prospección para buscar agua en la que murió el niño de dos años. «El valor del terreno está muy depreciado por esto», abunda el abogado de Serrano a ABC.