El Juzgado archiva la investigación por la muerte de Javier Biosca, el 'rey de la criptomoneda', como suicidio

Javier Biosca murió en Estepona a finales de noviembre. Según la investigación, saltó por la ventana de un quinto piso en un residencial de Valle Romano. Se suicidó. El propio Juzgado de Instrucción 4 de Estepona lo confirma. Cerró la investigación pocos días después concluyendo que se había quitado la vida. Así lo dice el archivo de la causa por la muerte. El 25 de noviembre se dictó el sobreseimiento provisional de la muerte de Biosca, acusado de estafa multimillonaria.

Era el principal investigado por la presunta estafa cometida por el grupo empresarial Algoritmhmics. Las diligencias del caso están abiertas en la Audiencia Nacional, que recibió un escrito comunicando que Biosca era el fallecido en Estepona. Es el documento que se usará para archivar el proceso contra este empresario, que podría haber estafado.

Según los afectados, fueron más de 500 millones de euros y con más de 750 afectados. Supuestamente, fue en 2019 cuando comenzó a reclutar a posibles socios para que invirtieran en criptomonedas, prometiendo para ello una rentabilidad de entre el 20 y el 25% semanal, que más adelante rebajó al 10%. Cuando se descubrió lo que había hecho huyó.

Biosca fue detenido en junio de 2021 en Torrox al cruzarse por casualidad con un control rutinario de la Guardia Civil. Los agentes, al introducir sus datos, comprobaron que tenía pendiente una orden de detención como investigado por, supuestamente, haber cometido una estafa cuyo valor superaría los 280 millones en bitcoins. La cifra ha ido ascendiendo conforme los perjudicados se han sumado a la denuncia.

El pasado mes de julio el juez acordó el reingreso en prisión provisional de Biosca con una fianza de un millón de euros. El magistrado tomó esa decisión después de que tanto sus antiguos abogados como su fiador advirtieran al instructor de que sospechaban que podía huir. La acusación particular avisó a la Audiencia Nacional de las amenazas de muerte y siempre pidió que estuviera en prisión para salvaguardar su integridad.

En el momento en el que murió, sólo hacía tres semanas que estaba en libertad, después de que depositase el millón de euros fijado por Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional. La acusación era por estafa continuada, apropiación indebida y falsedad en documento público. En la causa están también investigados su esposa y su hijo. A ambos también se les tomó declaración por la muerte como testigos del suceso en Estepona.

La muerte complica la recuperación del dinero presuntamente estafado, ya que las versiones ofrecidas por los acusados en la Audiencia Nacional decían que el único que sabía las claves de los monederos de las criptomonedas era el fallecido. Los afectados están pendientes de los paso que dé la Audiencia Nacional sobre este investigación.