Destapan una red fraudulenta de compra de sociedades en quiebra
Han sido detenidas cinco personas de nacionalidad española
La Policía Nacional ha destapado un entramado que compraba sociedades mercantiles en quiebra o con problemas financieros, una operación en la que han sido detenidas cuatro personas en Málaga y una en Sevilla y se han embargado de forma preventiva inmuebles valorados en 1.100.000 euros.
Las investigaciones, que se iniciaron el pasado febrero a raíz de la denuncia de un particular, han permitido esclarecer los hechos denunciados y localizar hasta el momento a otros seis afectados, cuatro de ellos en Málaga y dos en la Comunidad Valenciana, según ha informado hoy la Policía en un comunicado.
Los arrestados «se prevalían de la situación precaria» en la que se encontraban los socios o representantes de sociedades mercantiles declaradas en quiebra o con problemas financieros para comprarles sus bienes inmuebles o sociedades mercantiles con pagarés a nombre de terceras personas o sin fondos, según la Policía.
Los agentes comprobaron que los presuntos integrantes del grupo proponían a las víctimas potenciales la compra tanto de la sociedad mercantil como de los inmuebles que poseían y después les pagaban mediante pagarés que no tenían fondo.
Las ganancias que obtenían eran recapitalizadas en bienes inmuebles mediante inversiones que les generaban un beneficio adicional.
La Policía averiguó que el grupo poseía diversas oficinas que utilizaba a modo de pantalla para cometer los delitos, y que no solo actuaba en Málaga, donde llegaron a defraudar a cuatro personas, sino que su ámbito de actuación se extendía por la provincia de Córdoba y la Comunidad de Valenciana.
Todos los arrestados, de entre 36 y 45 años y nacionalidad española, han sido imputados como supuestos autores de delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La autoridad judicial ha autorizado el embargo preventivo de nueve inmuebles valorados en 1.100.000 euros, quince vehículos con un coste aproximado de 80.000 euros y el bloqueo de 32 cuentas bancarias.
En los registros practicados se han intervenido once equipos informáticos, varios reproductores de imagen y sonido, teléfonos móviles, 5.243 euros en efectivo y numerosa documentación.