Investigación
La alcaldesa de Manilva formaliza su marcha del Ayuntamiento
Once días de anunciar su dimisión, ha entregado el documento en el que renuncia a los puestos de alcaldesa y concejal
Once días ha tardado la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, en formalizar su marcha del Ayuntamiento como consecuencia de las diversas investigaciones judiciales que orbitan sobre su gestión y entre las que destacan centenares de casos de «enchufismo» y la adjudicación de jugosos contratos de trabajo a las empresas de su marido y un primo.
El documento, presentado esta mañana en el Registro del Consistorio, señala que «vengo a presentar mi renuncia a los cargos de alcaldesa y concejal de la corporación con carácter inmediato».
Muñoz también solicita que se inicien los trámites «para que se lleve a cabo la admisión de la solicitud», así como «la designación de nuevo concejal y nuevo alcalde» .
A la exdirigente de IU le ha costado dar un paso al lado y entregar la vara de mando, a pesar que desde 2009 se están publicando informaciones sobre presuntas irregularidades en su gestión. Unas noticias que han sido reflejo de investigaciones judiciales en las que permanece imputada.
No obstante, la regidora ha querido irse ajustando cuentas y la semana pasada despidió a una de las trabajadores que puso en conocimiento de la justicia estas presuntas prácticas ilegales.
Este periódico ha podido saber que la afectada va a demandar a Antonia Muñoz.
La empleada, que además es delegada de UGT, acudió en 2011 a las fuerzas de seguridad para informar de las irregularidades de las que fue testigo y que han dado pie a una investigación que lleva por nombre «Duquesa» .
Este periódico ha podido saber de fuentes cercanas al caso que las investigaciones giran en torno a la construcción en el municipio del parque El Duque y a la fragmentación de los contratos para supuestamente adjudicarlos a determinadas empresas.
Unas presuntas irregularidades que plasmó la interventora municipal en un informe de junio de 2011 –que está en poder de los investigadores– en el que señala que las obras «superan ya la cuantía de medio millón de euros» y que los trabajos se habían dividido «para eludir el procedimiento de contratación legalmente establecido».
Además, la funcionaria destaca que desconocía «la existencia de proyecto, informe técnico, presupuesto y empresa colaboradora».
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