Justicia
Varapalo de la juez a uno de los imputados en el «caso Manilva», que se niega a declarar
Aplazada la declaración de otros tres imputados en la trama que investiga 470 casos de enchufismo en el Ayuntamiento
Uno de los imputados en la investigación que se sigue para desentrañar la presunta corrupción en el Ayuntamiento de Manilva durante el gobierno de Antonia Muñoz se ha acogido a su derecho a no declarar ante la juez. Se trata del actual primer teniente alcalde del municipio, el líder de la Asociación Socialista de Manilva, Emilio López Berenguer, que estaba citado este viernes en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona para responder sobre los casos de enchufismo, 470 en total, investigados durante el gobierno de Muñoz.
Según fuentes de la investigación, Emilio López se ha negado a responder a las preguntas de la juez alegando falta de información y la imposibilidad de contar con su abogado, a lo que la magistrada le ha asignado uno de oficio y le ha recordado que no puede hablar de desconocimiento ya que sigue personado en la causa como acusación particular, y que en caso de no declarar en esta fase no podrá alegar indefensión cuando se abra el procedimiento .
Como adelantó ABC, el «caso Manilva», iniciado en 2009, cogió un nuevo impulso a mediados de septiembre, cuando la titular del juzgado que lleva la investigación, Laura Sánchez, decidió a mpliar el número de imputados a cinco personas más del entorno de la ex alcaldesa de Izquierda Unida . La declaración de todos ellos estaba prevista para este viernes pero se ha aplazado en cuatro de los casos al 3 de noviembre.
Se trata de la hija de Muñoz, Estela Carayol Muñoz, Emilio López, además del concejal Diego Díaz . También debían comparecer en el juzgado Francisco Medina , miembro de la lista de IU que fue contratado por la alcaldesa como director de área de deportes y Pesca y sobre el que la Guardia Civil descubrió que tenía trabajando en el Ayuntamiento a una hija, cinco primos, una sobrina y una cuñada; así como a José Carlos Castaños , directivo de la sociedad Fundación de Manilva para el Desarrollo (Funmades), investigada como uno de los «coladeros» para las supuestas contrataciones fraudulentas y a la que se derivaron millonarias partidas desde las arcas municipales.
La Fiscalía también ha pedido que se tome declaración en la misma calidad al marido de la regidora y a un primo constructor. Ambos habrían sido agraciados con numerosos contratos otorgados por el Ayuntamiento saltándose la legislación vigente y con reparos de la Intervención. Esta decisión de la Fiscalía se suma a la medida de dividir la causa en tres piezas separadas y que ha sido aceptada por la instructora.
Como ha venido adelantando este periódico, la autoridad judicial investiga más de 470 casos de «enchufismos» -entre los que se encuentran numerosos familiares de la alcaldesa y militantes de IU-, adjudicaciones de «jugosos» contratos a los familiares de Muñoz realizadas supuestamente fuera de ley, millonarias transferencias a sociedades de dudoso nexo con el Ayuntamiento o situaciones surrealistas como abonar 24 horas extras en un día de trabajo.
Según la documentación adelantada por este periódico, la juez emitió el pasado día 16 tres providencias que suponen la reactivación de una investigación que acumula ya más de 11.500 folios y que partió de una denuncia del comité de empresa del Consistorio por la supuesta contratación irregular de familiares de miembros del equipo de gobierno municipal.
La hija de la regidora comenzó a ser investigada por la Guardia Civil de Málaga después de que comenzase a trabajar en la entidad urbanística El Hacho y su contratación fuese denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción. Los socialistas informaron en su momento de que la empresa tenía un administrativo que se jubiló en 2010: «A partir de ese momento, Antonia Muñoz desmanteló la oficina –donde trabajaba este empleado–, la trasladó a dependencias municipales del Puerto y contrató a su hija para ocupar ese puesto», a pesar de que «toda la labor administrativa la realiza la gestoría de Diego Díaz, concejal de IU en el Ayuntamiento de Manilva, por la cual percibe unos honorarios mensuales».
Los responsables del caso, según las fuentes consultadas, comprobaron que la joven trató de devolver el dinero cobrado que supuestamente procedería de las cantidades presuntamente inyectadas irregularmente por su madre a esta sociedad. Además, sospechan que pudo estar en nómina incluso cuando se encontraba fuera del país , por lo que estaba previsto cotejar los datos del pasaporte.
Pero no ha sido la única hija de un cargo del Ayuntamiento vinculada laboralmente al Ayuntamiento. López Berenguer, otrora azote de la alcaldesa y hoy su mano derecha en el consistorio , no escapó a la peculiar política de contratación que durante años se ha seguido en esta localidad. El teniente de alcalde contrató a su hija como directora de área de Salud y Medio Ambiente –una de las tres de las que también es concejal- con una remuneración de 14 pagas de 1.707,30 euros cada una.
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