La juez de Manilva pide a la Junta papeles de cursos de formación

La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Estepona, Laura Sánchez, en el marco de la investigación por presunta corrupción en el municipio de Manilva, ha solicitado a la Junta de Andalucía que aporte documentación sobre dos cursos realizados en la localidad y en torno a los que existen sospechas sobre el destino de los fondos y la selección de los alumnos. Diligencias que giran en torno a la regidora del municipio, Antonia Muñoz (ex Izquierda Unida), imputada en la causa.

En una providencia del pasado día 16 la magistrada solicita que se expida un mandamiento para que la delegada provincial de Educación, Cultura y Deporte, Patricia Alba, facilite a los investigadores del Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga información relacionada con un curso de administrativo comercial que se impartió en el municipio costasoleño entre marzo y octubre de 2011.

La magistrada pide la entrega de «la certificación de alumnos asistentes, los partes de firmas de cada día, la situación laboral de cada estudiante con anterioridad a la realización del curso, resultados obtenidos a la finalización del mismo y la memoria de las actuaciones».

La segunda actividad formativa sobre la que reclama documentación es el taller de empleo «Viñas de Manilva», que se realizó a través de la Fundación de Manilva para el Desarrollo (Funmades). Concretamente, reclama el desglose de los pagos realizados por a esta sociedad de opaca relación con el Ayuntamiento, y que los investigadores consideran un «coladero» de «enchufados», por parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en relación con una subvención de 686.456,16 euros. También pide los gastos justificados por la fundación.

Los investigadores sospechan que únicamente familiares de miembros del equipo de gobierno o de personas que ocupaban cargos de responsabilidad, así como componentes y simpatizantes, accedían a estos cursos, que en algunos casos estaban remunerados.

La instructora ha citado a declarar como imputados a su hija, a su socio de Gobierno en el Consistorio, a un concejal, a un cargo de confianza y al directivo de una de las empresas municipales investigadas. La Fiscalía también ha pedido que se tome declaración en la misma calidad al marido de la regidora y a un primo constructor.

La oposición en el Ayuntamiento no dudó en cargar de nuevo ayer contra Muñoz, aunque «sin ninguna esperanza» en que dimita. «Lo que está pasando en Manilva no tiene nombre», señaló el líder de los socialistas, Salvador Zotano; a lo que su homólogo en el PP, Francisco Miguel Álvarez, añadió que espera que el impulso que parece haber registrado el caso tras casi cinco años de instrucción «sirva para arrojar luz ante una gestión con muchas sombras».