La Junta de Andalucía quiere que los altos funcionarios estén a prueba antes de conseguir el puesto

Dentro de las novedades que puede deparar este nuevo sistema de acceso a la función pública está un cambio en las pruebas. Por supuesto, subraya Domínguez, quienes lleguen a un puesto de funcionario deberán «tener conocimientos teóricos, saber sobre tu trabajo». Sin embargo, eso no quiere decir que los exámenes para ser funcionario de la Junta, como hasta ahora, sean un ejercicio solo de memoria. «Yo no pondría mi libertad en manos de un juez que no se sabe la ley por mucho que tenga muy buenas aptitudes», razona Domínguez.

La clave, pues, estará en medir ese conocimiento teórico de otra manera que no sea repetir un temario de memoria. «En vez de eso se puede ver mediante aplicación de esos contenidos. O una mezcla de ambos modelos, porque en el término medio está la virtud», propone el secretario general para la Función Pública.

El nuevo sistema de oposiciones en la comunidad traerá más novedades, además de las pruebas. Aunque desde la Junta advierten que no hay nada cerrado y, por ahora, todo son ideas que hay que negociar, sí que apuesta porque los aspirantes a un puesto de más nivel, los que tienen categoría A1 dentro del sistema de organización de la Administración andaluza, deban pasar un periodo de prueba antes de hacerse con su plaza de funcionario para siempre. «Es algo que se hace en las administraciones y en las empresas modernas, que el empleado, tras demostrar que sabe hacer las tareas en el proceso de selección, luego tenga un periodo donde se pueda evaluar su desempeño real, sobre el terreno», explica Domínguez. ¿Y si no supera ese periodo de prueba? Pues el aspirante no se queda en la Junta, se va a la calle.

Hay más novedades que se quieren implementar. Por ejemplo, desde Función Pública no ven cómo lógico que se hagan el mismo proceso de selección para todos los trabajadores de la Junta, independientemente de sus funciones o preparación. No se puede examinar igual a un economista que a un bedel, es la lógica que siguen. Debe haber pruebas específicas para cada cuerpo.

De esta opinión es también José Loaiza, director del IAAP (el Instituto Andaluz para la Administración Pública), quien indica que «si hay nuevos perfiles en la junta, necesitamos nuevos procesos. Hay que mantener la memorización pero hay que ver el talento, la práctica... » Para Loaiza, las nuevas pruebas podrían incluir, también, un test psicotécnico para probar que el nuevo empleado público puede tratar con el ciudadano de forma correcta. «Pero todo esto está en estudio», advierte.

Donde son muy claros en la Junta es al negar que se vaya a externalizar las oposiciones. «No se va a hacer con ninguna prueba», señala Domínguez. Otra cosa es que se recurra a expertos, por ejemplo profesores de Universidad, si se tienen que diseñar algunos test. «Pero eso no es externalizar», insiste.

Más allá del cambio de oposiciones, la Junta se haya inmersa en medio de un proceso de estabilización que le ha llevado, en solo cinco años, de tener un 40 por ciento de temporalidad a solo un 8 cuando acaben los procesos que ahora mismo tiene en marcha. Es cinco veces menos, indican. Además, desde el que el PP llegó al Gobierno andaluz se han estabilizado 61.000 plazas públicas frente a las 2.600 que llevó a cabo el PSOE en sus últimos cinco años, subrayan.

El Ejecutivo de Juanma Moreno tiene también sobre le mesa la 'patata caliente' del millar de interinos, la mayoría mujeres, que van a ir cesando de sus puestos al no haber conseguido plaza en el proceso de estabilización que consideran injusto. Este colectivo señala que la Junta debe hacer un proceso nuevo por concurso de méritos para darles la oportunidad de no perder su trabajo. Muchas, añaden, tienen en torno a 60 años y llevan décadas trabajando en la Junta.

Frente a estas personas están quienes sacaron las plazas en esos procesos. La otra cara de la moneda. Los conocidos como 'funcionarios fantasma', puesto que tienen plaza pero no la han podido ocupar aún.

Para la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, la solución a este embrollo pasa por la creación de una lista preferente para quienes salen de la Junta y que ocupen sus puestos los nuevos empleados públicos antes de verano, aseguran.