José Antonio Nieto: «Nos quieren dar gato por liebre e indultar al PSOE con la excusa del indulto a Griñán»

—¿Hay una fecha para que el exceso de papel desaparezca de los juzgados?

—La Secretaría General de Infraestructuras tiene un apellido que es Modernización Digital porque no entendemos el futuro de la Justicia si no conseguimos que sea una administración digitalizada, donde el papel sea casi testimonial. Ese propósito se planteó hace casi una década y estamos muy lejos todavía de eliminar las carpetas, el papel y las fotocopias. Necesitamos no perder otra década. Ahora tenemos un proyecto en marcha, el programa @Adriano, para impulsar el modelo andaluz de digitalización en los juzgados, con un presupuesto de 50 millones de euros.

—¿Tiene ya diseñado el presupuesto de la Consejería de Justicia para 2023?

—Si todo va bien, debe ser un presupuesto récord. Ésa era también la aspiración del presupuesto de 2022 que rechazaron el PSOE, Podemos y Vox. Queremos que el nuevo vuelva a recoger el compromiso del Gobierno andaluz con la Justicia. El reto lo exige.

—Los juzgados de lo Social de Sevilla ya están señalando juicios para 2026. ¿Cómo va a resolver ese colapso?

—Lo primero que hemos hecho es empezar a ordenar cosas que estaban desordenadas desde hace mucho tiempo. Lo urgente se ha comido la planificación en la Justicia.

—¿Se han estado poniendo parches?

—La improvisación ha sido la herramienta de gestión habitual. Se ve perfectamente en las sedes judiciales en muchos lugares, donde esa falta de planificación ha obligado a ir parcheando y buscando soluciones de urgencia que luego se convierten en permanentes. Por eso hemos querido poner orden. ¿Por qué los juzgados de lo Social están fijando juicios para 2026? Por una suma de cosas. Seguramente hacen falta más jueces y sedes judiciales y se los estamos pidiendo al Ministerio de Justicia. También hay que mejorar los equipamientos y recursos materiales. En tercer lugar, tenemos un índice de litigiosidad altísimo. Por eso queremos potenciar la mediación y soluciones extrajudiciales de conflictos.

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—La Audiencia Provincial de Sevilla sufre un colapso crónico por la falta de magistrados, debido en parte a las más de 150 piezas de macrocausas que deben juzgarse en la próxima década. ¿Cómo piensa remediarlo?

—Esa parte no depende de la consejería sino del ministerio. Ahora oímos a gente quejarse de que tenemos una causa [en alusión a los ERE] que ha durado más de diez años, cuando una de las razones de que se alargue es la necesidad de ofrecer garantías a las personas. Tenemos que intentar corregirlo y eso exige una colaboración mayor entre el ministerio, la consejería, el Poder Judicial y los propios órganos de la Justicia para transmitir una imagen positiva. Hay un déficit importante de comunicación.

—Para resolver la falta de espacio en Sevilla, el Gobierno anterior del PP y Ciudadanos acordó trasladar la futura Ciudad de la Justicia al campus de Abengoa en Palmas Altas. ¿La veremos funcionar en esta legislatura?

—Es un proyecto del que se empezó a hablar hace más de 15 años. En la anterior legislatura, a través del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, se propuso la solución de ubicar esa sede en el complejo de Palmas Altas, pero tenía complejidades que había que despejar. Recibimos un proyecto ya hecho, encargado a un prestigioso arquitecto, con unos derechos de propiedad intelectual que tenemos que encajar en el desarrollo y con diferente grado de terminación de los edificios. Vamos a iniciar ya la ejecución material de la Ciudad de la Justicia. Hay unas necesidades perentorias para el próximo año que tenemos que atender y estamos viendo si ése puede ser el arranque de la Ciudad de Justicia.

—¿Entonces, el año que viene habrá algunos juzgados en Palmas Altas?

—En un plazo corto. Una de las dudas que tenemos que despejar es que ese uso progresivo no se vea afectado por las obras, para poder ofrecer un cronograma. Nuestro objetivo es que a finales del año que viene o principios del siguiente empecemos a disfrutar ya de la Ciudad de la Justicia.

—¿En qué situación se encuentran los proyectos de nuevas sedes judiciales en Cádiz, Huelva y Jaén?

—Los tres tienen en común que no se ha ofrecido una solución adecuada. En Cádiz se ha propuesto un suelo con una edificabilidad que no nos permite tener un equipamiento a la altura de las necesidades que tiene la ciudad de Cádiz. Nacería pequeño, absolutamente insuficiente. Con el esfuerzo que supone, no tiene sentido que hagamos algo que al final acabe defraudando a los ciudadanos. Yo no entendería que un gaditano nos dijera que después del tiempo que lleva esperando, ahora construimos una Ciudad de la Justicia que no puede acoger ni lo que hay ya, no digo ya lo que pueda venir en el futuro. Y ese tema tenemos que resolverlo, tenemos que ver con el Ayuntamiento de Cádiz qué solución se le puede dar. El caso de Huelva es aún peor porque se ha ofrecido un suelo que no está urbanizado y que estará disponible dentro de mucho tiempo. Habrá que darle una solución de la mano del ayuntamiento. En Jaén se plantea una cesión por un tiempo a la Junta y no podemos hacer una inversión de este tipo para que luego el edificio deje de ser de la consejería, por lo que necesitamos resolver el problema con la mejor disposición.

—A principios de 2019, el anterior Gobierno andaluz anunció que iba a promover una reforma del Estatuto de Autonomía para quitar el aforamiento a los diputados andaluces. ¿Va a impulsarla ahora que el PP tiene mayoría absoluta?

—Ésa era una de las condiciones que se fijó en el acuerdo de legislatura con Ciudadanos. Nosotros respetamos ese acuerdo, pero no era una prioridad del PP, sino de Cs. Cuando se empezó a tramitar, ellos mismos se dieron cuenta de los problemas que tenía y de que no era una preocupación ciudadana. Requerían una reforma del Estatuto y un referéndum para validarla. Hoy, desgraciadamente, las preocupaciones son que están disparados el IPC y la energía y que debemos hacer más ágil la Justicia. Meternos en más líos tiene que estar más justificado para hacerlo.

—¿No cree que sea una prioridad?

—No veo que ese problema sea algo que se nos demande y exija, entre otras cosas, porque este debate tuvo mucho interés cuando la corrupción política presionaba al conjunto de la sociedad. Los tres años y medio del 'Gobierno del cambio', que impulsó medidas internas que evitan cualquier atisbo de corrupción, hacen que pierda interés y prioridad.

—¿Debe ser indultado el expresidente andaluz José Antonio Griñán tras confirmar el Tribunal Supremo su condena de prisión en el caso ERE?

—Yo tengo una opinión particular, no como consejero de Justicia. Hay bastante gente que no quiere indultar a Griñán sino al PSOE. Si este partido quiere que las medidas humanitarias se tengan en cuenta, lo primero que debe hacer es pedir perdón, asumir su responsabilidad, identificar a los culpables y ayudar a recuperar los más de mil millones perdidos por la corrupción. Nos está queriendo dar gato por libre para intentar que con la excusa del indulto a Griñán se indulte al PSOE de Andalucía cuestionando la sentencia y los hechos probados. Eso no cuela. Hay quienes están pidiendo el indulto a Griñán desde una visión humanitaria, pero a su alrededor se está uniendo la oportunidad política de la dirección socialista de escaquearse de su responsabilidad que todavía tiene que asumir.

—¿Qué acciones va a llevar a cabo la Junta para recuperar los 680 millones de euros malversados?

—La Junta no puede renunciar nunca a recuperar el dinero malversado para que vaya donde verdaderamente hace falta, a los parados de Andalucía, a los de antes y a los de ahora. ¿Qué va a hacer la Junta? Todo lo que esté en su mano. Analizará la sentencia para que le pueda servir de apoyo para hacer esa reclamación. No somos ingenuos, sabemos la dificultad que tiene. Pero no podemos renunciar a esa opción.

—¿Cómo? ¿Se va a reclamar el dinero a través del Tribunal de Cuentas?

—No. El Tribunal de Cuentas nos puede abrir pistas de dónde han ido los recursos. Para recuperar el dinero habrá que acudir a la vía penal mediante la reclamación a personas o empresas que se hayan enriquecido con ellos.

—Ha anunciado que desea descargar de burocracia a los ayuntamientos en su relación con la Administración autonómica. ¿Cómo piensa hacerlo?

—Desarrollamos muchas competencias de forma conjunta. Los primeros gobiernos de la Junta trataron a los ayuntamientos como si fuesen vasallos y ha llegado el momento de tratarlos de igual a igual. No tiene sentido el exceso de burocracia que hay. Si conseguimos acordar entre todos una disminución sustancial y, en algunos casos, una eliminación de la burocracia, ahorraremos cientos de millones de euros y miles de horas de funcionarios dedicados a establecer controles. Hay que darle el valor que de verdad se merece el municipalismo no sólo de boquilla sino con hechos.

—La llamada 'administración paralela' de la Junta de Andalucía ha contratado a personal durante años y años mediante selecciones opacas y sospechosas de enchufismo. ¿Se va a resolver esa situación mediante despidos o eso resultaría muy costoso?

—Nosotros jamás hubiésemos hecho y no vamos a hacer lo que se hizo con esa 'administración paralela'. Nunca se puede acceder a un puesto que pague la Junta de una forma irregular dando preferencia a personas en razón del partido en el que militan o los intereses que representan. Después de tanto tiempo sin que se resolviera esa situación, en la mayoría de los casos si se producen despidos, como piden algunos partidos, la autoridad judicial obligaría a reincorporar a esas personas porque han consolidado derechos, a abonar salarios de tramitación y a buscarles una ubicación. Abrir ahora un procedimiento masivo, agotar los recursos que tenemos en materia de defensa judicial, sabiendo que en un porcentaje altísimo la reincorporación iba a ser obligatoria, sería tirar el dinero de los andaluces por mantener una imagen política. Nosotros encargamos una auditoría y posteriormente un informe para saber cuál sería la solución idónea analizando la situación de cada trabajador, viendo si ha consolidado derechos y si accedió por alguna prueba selectiva o de forma irregular. Esa información nos va a dar pie al reordenar el sector público instrumental de una forma adecuada.