DINERO PÚBLICO
Tranvía de Jaén, crónica de un despropósito
El sistema de transporte sigue inactivo 8 años después de su construcción, que ha costado 121 millones de euros
Mayo de 2007. Campaña electoral para las municipales. Despacho de la alcaldía de Jaén. El regidor, Miguel Sánchez de Alcázar , del PP, mantiene una reunión de urgencia con sus colaboradores para abordar el modo de neutralizar una campaña socialista plagada de costosos golpes de efecto: espectaculares pasacalles, concierto de Malú y visitas guiadas a un vagón de tranvía instalado sin autorización municipal en la zona norte de la ciudad.
El dispendió dio frutos electorales. Aunque Sánchez de Alcázar ganó las elecciones (Jaén es una ciudad de derechas), obtuvo mayoría simple. Logró 13 de 27 concejales. La suma de ediles de las dos fuerzas de izquierda (PSOE e IU) propició su relevo en la alcaldía por la socialista Carmen Peñalver , quien una vez en el poder impulsó de inmediato el proyecto del sistema tranviario. Contaba con las ganas y el apoyo financiero de la Junta de Andalucía.
El vagón había sido visitado por centenares de personas durante la campaña electoral, pero pocas de ellas creyeron que el proyecto iba en serio . Conscientes de que en la capital jiennense las propuestas ambiciosas se aplazan sine die, los visitantes dieron por hecho que el tranvía sería, como la ciudad de la justicia, otra promesa incumplida. Se equivocaron. La alcaldesa socialista pretendió situar de inmediato a Jaén en el selecto grupo de ciudades con tranvía, a modo de San Francisco sin jipis o de Lisboa sin fados.
El escepticismo crónico del jiennense devino en asombro por la celeridad en la ejecución de las obras. En 2009 la concejalía de urbanismo, en manos del edil Manuel López , ya había desbrozado el camino con la aprobación de las licencia de la unión temporal de empresas adjudicataria de la construcción, qu e cifró en 83 millones de euros el coste de los 4,7 kilómetros que enlaza las cocheras del tranvía con la plaza de la Constitución.
La cifra, que había sido fijado a la baja, se disparó tras 2 años de obras hasta los 107 millones. Además, la repercusión de los impagos aumentaron la cuantía del debe. Hasta tal punto, que la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, ha denunciado que la inversión pública ha superado los 121 millones de euros . Y ha puntualizado que parte del sobrecoste se debe a los intereses derivados de los impagos de la Administración autonómica a la constructora.
El Tribunal de Cuentas inició una investigación en 2014 por el sobrecoste del tranvía. El órgano fiscalizador determinó que se habían producido indicios de responsabilidad contable , por lo que en 2018 remitió sus conclusiones al ministerio fiscal para que investigara las presuntas irregularidades. Además de la denuncia, consta en el informe un capítulo de reproches porque las 2 administraciones públicas firmaron convenios sin determinar previamente si la obra era viable y sin adoptar acuerdos plenarios.
El informe aludió también a la inexistencia de un estudio justificativo sobre la conveniencia de que las cocheras del tranvía se instalaran en la hasta entonces sede de la policía local, decisión que elevó el coste en 9 millones de euros . A los que hay que sumar, siempre según el Tribunal de Cuentas, la factura de 6 millones de euros que la Junta derivó al Ayuntamiento para que pagara locomotoras y vagones, a pesar de que la administración local carecía de recursos económicos suficientes.
Mientras la Junta denuncia y la justicia investiga, los ciudadanos critican que el millonario proyecto esté en coma, sin uso, si bien una parte de la sociedad saca partido de la situación. Para ella, los casi 5 kilómetros del trazado del tranvía tienen su utilidad. Así, en los tramos menos próximos al casco urbano se ejercitan corredores populares, en tanto que los incursos en la ciudad son utilizados para estacionar por padres que llevan a sus hijos a los colegios colindantes y por repartidores .
Del tranvía se aprovecha todo, también las marquesinas, en cuyas cristaleras se prende cartelería (incluso institucional, aunque está prohibido) y cuyas máquinas de expendedoras de billetes han sido convertidas en papeleras . Precisamente, Junto a una parada colonizada por la cochambre, charla con ABC Miguel Sánchez de Alcázar , quien 12 años después de dejar la alcaldía se lamenta del estado de la infraestructura
« Conmigo habría funcionado el tranvía », asegura. De que hoy éste boxes la sociedad responsabiliza tanto a los diferentes alcaldes como a los dirigentes de la Junta de Andalucía que, primero, no se pusieron de acuerdo sobre el sistema de financiación. Y, cuando lo hicieron, no lo concretaron. Sánchez de Alcázar está convencido de que habría conseguido activar este medio de transporte, que, además, era uno de sus proyectos, «aunque yo lo quería soterrado y con un itinerario diferente».
El itinerario, en cualquier caso, no ha sido nunca el eje de la discordia política. Un vez ejecutado el proyecto, el desacuerdo principal se ha fundamentado en el coste de la explotación de la infraestructura. La imposibilidad de que el Ayuntamiento porcentualmente más endeudado de España (debe más de 600 millones de euros) librara 5 millones anuales para la gestión del sistema tranviario, motivó que la Junta de Andalucía aceptara sobre el papel hacerse cargo del 75 % de la inversión anual para este apartado . No obstante, la aparente buena voluntad no se ha concretado en hechos.
El convenio suscrito para que la Junta financie tres partes del coste de explotación y el Ayuntamiento el 25 % restante cuenta con el visto bueno de ambas administraciones, pero el proceso no avanza en la actualidad, como no lo hizo en la etapa de alcalde del popular Javier Márquez y de consejero de Fomento del socialista jiennense Felipe López . El primero acusó al segundo de bloquear una decisión pactada por razones electorales. En su opinión, el consejero quiso evitar que un regidor del PP pusiera en funcionamiento el tranvía que otro regidor popular, José Enrique Fernández de Moya , paralizó.
La orden de paralización fue inmediata. En mayo de 2011, recién elegido alcalde con mayoría absoluta, anunció que el tranvía, que durante unas semanas había circulado en prueba con pasajeros, retornaría a las cocheras durante su mandato a causa del elevado coste de explotación. La decisión afectó laboralmente a medio centenar de conductores y fue saludada por la empresa adjudicataria del servicio de autobuses urbanos, que había solicitado al juez que prohibiera la circulación de este sistema de transporte por competencia desleal. Arguyó que los desplazamientos eran gratuitos . El magistrado le dio la razón.
