El PP exige a Fiscal pruebas de que su consejería no ha rellenado un paraje con material contaminante

La diputada andaluza del PP Amelia Palacios exige al consejero de medio ambiente, José Gregorio Fiscal , pruebas que demuestren que su departamento no ha cometido un delito medioambiental en el acceso al parque natural Sierra de Andújar. La parlamentaria acusa a la Junta de atentar contra los recursos naturales al rellenar con escombros contaminantes un paraje próximo a este espacio protegido.

Palacios ha preguntado al consejero sobre las medidas que lleva a cabo el Gobierno andaluz ante el presunto relleno ilegal con escombros no tratados en una zona de  la vía pecuaria Los Molinos, situado en la entrada al parque natural, en concreto en el camino viejo   que enlaza la ciudad con el Santuario de la Virgen de la Cabeza. 

Previamente, el grupo municipal popular de Andújar ha denunciado los hechos ante la fiscalía y la Guardia Civil para que investiguen el presunto delito contra el medio ambiente. En concreto, su portavoz, Jesús Estrella , asegura que se ha rellenado el paraje con baldosas, granito, cemento y alquitrán . Se trata, según expone, de materiales contaminantes que deberían haber sido tratados en la planta de reciclado de la ciudad.

Para la diputada del PP, la consejería de medio ambiente y la empresa adjudicataria deben de probar que han actuado de forma correcta, de acuerdo con la normativa legal, porque, en su opinión, cualquier atentado contra el medio ambiente repercute en el presente y futuro de Andalucía . Palacios resalta que no se puede jugar con la riqueza natural de la provincia jiennense y añade que Fiscal está obligado a aclarar la actuación de la Junta.

La normativa medioambiental prohíbe el uso de escombros sin haber sido tratados, recuerda la diputada, quien reprocha a la Junta que haya rellenado un terraplén con este material en un suelo de especial protección en el acceso del parque natural para realizar un área de recreo. Ante esto, el PP califica los hechos como muy graves porque la administración autonómica incumple su propia normativa y porque, presuntamente, comete un delito contra los recursos naturales tipificado en el código penal.