El exalcalde de Linares acusado de malversación dice que se le juzga por llevar la contraria al PSOE

«Mi problema ha sido no venderme a la voluntad del PSOE», ha aclarado el exalcalde de Linares Juan Fernández antes de acceder a la Audiencia de Jaén para ser juzgado por un delito de malversación continuada de fondos públicos. Será un jurado el que determine su inocencia o culpabilidad cuando escuche las pruebas de cargo y las declaraciones de testigos que, según ha sugerido el exregidor, están a sueldo de la dirigencia socialista.

Fernández ha realizado tres preguntas retóricas ( «¿quién les paga las nóminas?, ¿quién los contrata?, ¿quién domina sus voluntades?») para denunciar que se sienta en el banquillo porque se han vertido falsedades contra él que han sido aceptadas por la jueza instructora, contra la que se ha querellado «por no hacer caso de mis testigos».

Respaldado por dos decenas de personas que han calificado de traidores a los dirigentes socialistas que presentaron la denuncia, el exalcalde ha expresado su «absoluta tranquilidad», derivada de una «conciencia tranquila», ante el juicio, a pesar de que la fiscalía le pide cuatro años de cárcel .

El ministerio público considera probado que desde 2011 hasta 2017, período en el que desempeñaba el cargo de alcalde, Juan Fernández percibió mensualmente 1.700 euros procedentes del grupo municipal socialista , sin que lo supieran el resto de concejales socialistas.

Como una de las concejales era Pilar Parra , encargada, según el exalcalde, de firmar los talones, su exoneración de la causa le parece increíble. Y esto porque su firma era preceptiva y argüir desconocimiento no casa, en su opinión, con la cualificación de quien es presidenta de la comisión económica de la Diputación de Jaén . «¿Es la presidenta y no sabe qué ha firmado durante años?». «¿Y una jueza dice que yo la engañaba?: ahí pasa algo», ha expuesto.

Por esta razón, confiado en que la Audiencia actuará con neutralidad, ha indicado que los dirigentes socialistas deben de estar preocupados por cuestiones políticas y la instructora por motivos jurídicos , dado que la ha acusado de redactar el auto de procesamiento antes de concluir las diligencias solicitadas por la defensa.