Citan a la Junta tras el presunto alcance contable de casi 2 millones en una ayuda a Molina

El Tribunal de Cuentas pide la comparecencia de la Junta de Andalucía en el procedimiento abierto por un alcance contable (saldo deudor no justificado) por valor de casi 2 millones de euros en la empresa del sector cárnico Hijos de Andrés Molina, radicada en Jaén, en cuya gestión directa participó la administración autonómica. La cantidad que no ha sido justificada se enmarca en la partida de ayudas públicas destinadas a empresas para la financiación de planes de viabilidad .

En concreto, la delegada instructora ha declarado provisionalmente alcance por importe de 1.970.993,80 euros. El auto considera responsables contables, solidariamente, a la entidad y al ex director general de trabajo del gobierno andaluz Francisco Javier Guerrero Benítez. Por este motivo les cita también, al igual que al ministerio fiscal, en el procedimiento abierto para determinar las presuntas irregularidades.

La empresa Hijos de Andrés Molina, ya en manos de la Junta, fue vendida a Primayor , sociedad a la que el tribunal computa también 2 presuntas irregularidades contables, una por valor de 349.808,89 euros y otra que suma 286.192.57 euros . El organismo de cuentas achaca la primera de las irregularidades a la empresa, a Guerrero y a Juan Márquez Contreras, también ex director general de trabajo de la administración andaluza.

El organismo que vigila las cuentas públicas investiga asimismo un alcance contable en la empresa Boliden por valor de 492.748,54 euros y otro de similar cuantía, 491.918,75 euros , en la sociedad Iniciativas Turísticas de Sierra Morena, según afirman fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por ABC.

El enjuiciamiento contable es una función primordial de esta institución, que al aplicarlo exige la responsabilidad contable que pueda derivarse de los perjuicios que se hayan producido a los fondos y bienes publicos por parte de quienes los gestionen o utilicen. El objetivo de esta función es restituir a los fondos públicos los menoscabos que, en su caso, se hayan producido.

Esta función jurisdiccional, que se desarrolla por los consejeros de la sección de enjuiciamiento, se ejerce sobre las cuentas que deben rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien o utilicen bienes, caudales o efectos públicos . También se ejerce sobre las personas o entidades que perciban subvenciones, créditos, avales u otras ayudas procedentes del sector público, puntualiza el organismo.