Medio Ambiente

Aldeaquemada estudia recurrir el decreto que amplía la protección de la cascada Cimbarra

El alcalde esgrime que la norma de la Junta perjudica los intereses económicos del municipio

Paraje natural cascada Cimbarra. ABC

JAVIER LÓPEZ

El alcalde de Aldeaquemada, Manuel Fernández Vela , estudia recurrir el decreto de la Junta de Andalucía que declara zonas de especial conservación la cascada Cimbarra, paraje al que aplica también un plan de ordenación de los recursos naturales. La Cimbarra está dentro del término gobernado por el regidor popular, quien considera que el incremento de la protección medioambiental perjudica los intereses del municipio.

Manuel Fernández Vela resalta la labor desarrollada por el Ayuntamiento para potenciar los recursos de los montes , especialmente los cinegéticos, aunque también destaca la explotación del corcho y la madera. Por este motivo, considera un ataque a la economía del municipio la ampliación de la conservación decretada por la consejería de medio ambiente de la Junta de Andalucía, que persigue, en su opinión, disponer de facto de la titularidad de estas zonas.

De hecho, añade, la Junta de Andalucía ya ha intentado que su Ayuntamiento, y otros de esta comarca de Jaén, cediesen a la consejería de Medio Ambiente el uso y la explotación de los montes .  Como el consistorio de Aldeaquemada se negó, Fernández Vela considera que el incremento de la protección es el ardid utilizado por la administración regional para conseguir derechos sobre unas tierras, en concreto 1.600 hectáreas municipales, que no le pertenecen.

En su apreciación coincide con la agrupación de defensa forestal Sierra Morena-Jaén, que ha interpuesto un recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de la Junta de Andalucía contra este decreto de la comunidad autónoma que, además de la cascada de Cimbarra, declara zonas especiales de conservación las cuencas del Rumblar, Guadalmena y Guadalén.

La demanda ha sido presentada en nombre del colectivo por uno de los afectados, Francisco Javier Arauz de Robles, abogado y ganadero, quien califica el decreto como arbitrario e injustificado.  El letrdo añade que la Junta de Andalucía no se ha dirigido a los propietarios, casi un centenar, para explicarles el motivo por el que declara la espacial protección de sus tierras. 

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