Agricultores se rebelan contra la protección especial de los pastos decretada por la Junta

La actividad agrícola y ganadera constituye la principal fuente de ingresos de los municipios que forman parte del parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas, el mayor espacio natural protegido de España. Por este motivo, el sector primario rechaza la propuesta de la Junta de Andalucía que prevé ampliar la protección, ya que perjudicaría su actividad. Lo denuncia la organización agraria Asaja, que ha enviado una carta a un millar de socios al objeto de que aleguen contra la tipificación del pasto como zona arbolada .

Para Asaja, la consejería de medio ambiente ataca la actividad agrícola y ganadera del 25% del parque natural de Cazorla, Segura y las Villas. En concreto, la que se desarrolla en 70.000 hectáreas dedicada a pastos o a agricultura, según quedó claro en la última junta rectora del parque, en cuyo marco la Junta anunció su intención de cambiar las clasificaciones de estas zonas para dotarlas de una mayor protección.

El plan de ordenación y el plan de uso y gestión del parque natural prevé, según Asaja, excluir de las zonas de regulación común a las zonas de pastos (zonas no arboladas) para incluirlas en las áreas que son de regulación especial. Además del conjunto de los pastos, determinados terrenos agrícolas también podrían estar afectados por esta medida, debido a la imprecisión con la que, a su juicio, se realiza la clasificación.

La organización denuncia que si esta medida se lleva a cabo se acabará con la principal actividad económica del parque. También critica la falta de información. Los afectados tienen hasta el día 26 de marzo para comprobar si sus tierras están incluidas como zonas protegidas y alegar. Asaja ha enviado cartas informativas al millar de socios posiblemente afectado por la medida y ha pedido una reunión urgente al delegado de medio ambiente, Juan Eugenio Ortega , para solicitarle que se paralice la norma.

Una vez finalizado el plazo de alegaciones de los propietarios individuales, le llegará el turno a los ayuntamientos y, más tarde a las propias juntas rectoras. Para el gerente y portavoz de Asaja, Luis Carlos Valero , es básico que los ganaderos y agricultores aleguen, a fin de ejercer su derecho contra el cambio de protección de sus tierras.