La Junta multa a dos bancos con una ley parcialmente recurrida en el Constitucional

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, reclamó al  presidente del Gobierno , Mariano Rajoy, que retire «cuanto antes» el recurso contra la Ley de Función Social de la Vivienda en Andalucía. Un recurso que desembocó, tras la decisión del pleno del Tribunal Constitucional en la suspensión parcial de algunos de sus puntos ya que se entendía que estos podían invadir las competencias del Gobierno Central. Se trata, pués, de la misma normativa que le ha permitido sancionar a dos bancos, Popular y Sabadell, con casi 6 millones de euros por no acatar esa norma. Díaz «tiró» de la realidad social y de los desahucios como argumento para señalar que las administraciones no pueden seguir permitiendo que sigan ocurriendo los «dramas humanos» que son los desahucios y que afectan a «miles de familias» y ante la que «la Junta puso sobre la mesa una ley que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno central»

Por todo ello Díaz reclamó a Mariano Rajoy que «nos permita en estos momentos poner todos los recurso s sobre la mesa para hacer frente al drama de los desahucios». Medidas como las sanciones impuestas por la consejería de Fomento al Banco Popular y al Banco Sabadell por el incumplimiento de la obligación legal de ofrecer sus viviendas protegidas a los registros municipales de demandantes, Díaz recordó que las «entidades financieras tienen la obligación de cumplir la ley, poniendo a disposición la información que solicita la Junta y, cuando no lo hagan, aplicaremos la ley»

En cualquier caso la multa es de  5,82 millones de euros al Banco Popular y de 120.000 al Banco Sabadell por incumplimiento de la función social de sus viviendas en Andalucía. «Ambas entidades han incumplido la obligación legal de ofrecer sus viviendas protegidas a los registros municipales de demandantes». En el caso del Popular, el número de viviendas sin ofrecer a los registros que acreditó Fomento es de 97; en el caso del Sabadell, de dos. La sanción es de 60.000 euros por vivienda, al constituir cada omisión del deber de cederla al registro una infracción muy grave de la Ley de Vivienda Protegida. En total, se trata de 99 VPO, detallan desde el Gobierno andaluz, que no han sido ofrecidas a los registros municipales, que establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de inmuebles de protección pública y señalan los requisitos socioeconómicos para el acceso a los mismos bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia.