Los interinos incansables que piden ayuda hasta en La Zarzuela para que la Junta de Andalucía los haga fijos

Bruselas dio un toque de atención a los Estados de la UE, España entre ellos, para que acaben con la situación irregular en la que se hallan miles de trabajadores que llevan más de tres años ocupando una plaza de manera temporal en las administraciones.

Para resolver el problema, el Consejo de Gobierno andaluz aprobó el pasado 29 de noviembre un decreto ley que establece un concurso de méritos en las convocatorias de las plazas ocupadas temporal e ininterrumpidamente con anterioridad al 1 de enero de 2016. Eso sí, se hará «con carácter excepcional y por una sola vez». La norma también regula las oposiciones extraordinarias para asignar plazas estructurales ocupadas temporalmente y sin interrupción durante al menos los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020. Una vez concluidos estos procesos selectivos, la Junta de Andalucía espera que pasen a tener la condición de personal funcionario de carrera, laboral o estatutario fijo más de 27.000 empleados públicos.

La aplicación de la ley estatal 20/2021, de la que emanan las regulaciones autonómicas, ha indignado a unos 150 funcionarios de fondos europeos que ven con resquemor cómo otros interinos, a los que califican como «personal enchufado», pueden acceder a una plaza fija mediante un concurso-oposición, mientras ellos han tenido que hacer diferentes oposiciones libres y abiertas a todo el mundo para entrar a trabajar en la Junta a través de la bolsa de empleo creada con los aprobados que no obtienen plaza.

Estos interinos cesaron en sus puestos el 30 de abril de 2020, al inicio de la pandemia del coronavirus. El Ejecutivo andaluz anterior alegó que estaban «contratados con un principio y un fin» para ejecutar un programa concreto, «sin prórroga legal posible». Algunos de ellos reclamaron sin éxito su reincorporación a los puestos que estaban desempeñando desde hacía años. Con posterioridad, la Junta volvió a llamar a la mayoría de los cesados para gestionar nuevas remesas de fondos de la UE.

Al estar vinculados sus contratos a programas con una duración determinada, la Administración no ha previsto un concurso-oposición específico que prime los méritos y la experiencia de estos interinos que pertenecen a los grupos A1.1100 (administradores generales) y C1.1100 (administrativos).

Los afectados no se resignan ante la negativa de la Junta a atender sus demandas y las reiteradas peticiones de reuniones que han cursado desde 2020 ante diferentes instancias, incluido el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Han convertido su reivindicación en el motor de su vida, su gran obsesión. Tan es así que se han dirigido a la Comisión Europea, a través de la Delegación en España, para pedirle que «sancionen a los representantes políticos de la Junta de forma personal por incumplir la estabilización de personal interino en fraude de ley». Afirman que en su caso «no están ejecutando» la sentencia de 19 de marzo de 2020 de la Justicia Europea que dejaba en manos de los jueces españoles la posibilidad de castigar los abusos en la temporalidad.

ABC preguntó a la CE por su reclamación. Bruselas ha contestado que «toma nota» de la solicitud de los interinos, si bien precisa que no corresponde a las autoridades europeas sancionar conductas de este tipo. «La legislación de la UE sobre el trabajo de duración determinada (Directiva 1999/70/CE) no impone ninguna medida sancionadora específica en caso de abuso derivado de la utilización de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada», expone. A quien presuma que ha habido irregularidades, la CE le recomienda que lo denuncie «a las autoridades o tribunales nacionales competentes para que confirmen la existencia de tal abuso y, en caso afirmativo, para que apliquen las medidas correspondientes».

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La batalla del personal es incansable, tanto como el ánimo de Don Quijote, quien en una escena le dice a Sancho que «no podrán arrebatarnos la gloria del empeño». A los interinos, tampoco.