El ingreso de Griñán en la cárcel por el caso ERE, a la espera de una aclaración del Supremo
El Alto Tribunal lleva casi tres meses para resolver una petición del abogado de Zarrías
La Audiencia manda a la cárcel a Griñán para no sembrar «alarma social» ante delitos de corrupción
El ingreso en prisión del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y de otros ocho ex altos cargos de gobiernos socialistas condenados por malversación en el caso de los ERE fraudulentos, está a la espera del Tribunal Supremo. El abogado de ... Gaspar Zarrías había pedido una aclaración de los «conceptos oscuros» que contenía la sentencia o, en su defecto, una rectificación de los «errores» en los que incurría, según argumentaba en un escrito que registró ante dicho tribunal el 19 de septiembre pasado. Han transcurrido casi tres meses y el Supremo aún no ha resuelto la aclaración solicitada, según confirmaron fuentes de dicho tribunal.
El problema es que dicho trámite está retrasando la ejecución del fallo firme que corresponde aplicar a la Audiencia Provincial de Sevilla, favorable a que los condenados ingresen ya en la cárcel, salvo el exdirector general de Trabajo Juan Márquez, que vio rebajado su castigo a tres años.
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El pasado lunes, la Sección Primera de la Audiencia libró un oficio «urgente» dirigido a la Sala Segunda del Supremo para que le informase sobre su respuesta a la aclaración formulada por el letrado de Zarrías, «a los efectos del trámite que pende». Con los focos puestos sobre ellos, los magistrados quieren dar todos los pasos con las máximas garantías y sin dejar ningún cabo suelto al que luego puedan agarrarse las defensas en los recursos de amparo que preparan ante el Tribunal Constitucional.
Los jueces de la Audiencia de Sevilla se alinearon con la Fiscalía Anticorrupción y se manifestaron en contra de suspender las penas de seis años de prisión de Griñán y de otros siete condenados mientras se tramitaban los indultos que han pedido al Gobierno de Pedro Sánchez, como reclamaban las defensas.
El 15 de noviembre pasado emitieron un auto en el que defendieron que las sentencias firmes «claman por ser cumplidas». Apelaron a diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional y al principio de «igualdad ante la ley», máxime cuando afecta a delitos de corrupción política que generan «alarma social».
Diez días para elegir cárcel
La Sección Primera fijó un plazo de diez días para elegir un centro penitenciario una vez que su auto adquiera firmeza. El contador se pondría a cero a partir de que resolviera los recursos de súplica que los condenados han elevado a dicha sala, impugnaciones que tienen pocos visos de prosperar. Ésta es la última bala que les queda en el cartucho para evitar las penas privativas de libertad.
En el escrito de aclaración dirigido al Supremo, que permite a las defensas ganar tiempo, el abogado de Zarrías cuestionaba que el que fuera vicepresidente del Gobierno andaluz en la etapa del PSOE conociera cómo la Consejería de Empleo daba las ayudas irregulares, como sostiene la sentencia firme desde el 14 de septiembre.
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