Urbanismo
Punta Umbría reabre la polémica por el proyecto de las torres al sacar de nuevo los terrenos a la venta
La empresa Riaumbría recurrirá la operación que se vota esta semana en Pleno y el grupo UPU anuncia que denunciará por presuntos delitos de malversación y prevaricación
El plan urbanístico William Martin , que prevé construir dos torres de 19 plantas en Punta Umbría , paralizado por los tribunales al incumplir la normativa, reabre de nuevo la polémica en el municipio costero ante la inminente aprobación de la venta de las parcelas en las que se pretende levantar el proyecto, ubicadas en la Avenida Ciudad de Huelva .
A dos días de que el Pleno del Ayuntamiento de Punta Umbría vote sobre un nuevo acuerdo d e venta de los terrenos , tanto la oposición como la empresa que resultó adjudicataria en el procedimiento que quedó anulado en vía judicial, han adelantado que en el previsible caso de que se dé luz verde a la operación, habrá un nuevo capítulo legal a añadir a los que el proyecto lleva acumulados desde su inicio.
De un lado, la anterior adjudicataria, Riaumbría , ha anunciado que recurrirá la operación y la nueva adjudicación en todas las instancias judiciales «en defensa de sus intereses», al tiempo que está pendiente del pronunciamiento que debe emitir el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ( TSJA) sobre la propiedad de estos terrenos .
De otra parte, el portavoz de Unidos por Punta Umbría (UPU) en el Consistorio, J osé Carlos Hernández Cansino , ha anunciado que su formación volverá a llevar a los tribunales el nuevo acuerdo de venta de las parcelas de las torres que pretende aprobar la alcaldesa, Aurora Águedo , «incumpliendo la LOUA y la propia sentencia firme que anuló el primer proyecto.
«El equipo de gobierno obvia lo resuelto en su día por el juzgado, y a sabiendas de ello vuelven a intentar vender de nuevo y a los mismos de forma ilegal las parcelas para un proyecto también ilegal», ha manifestado Hernández Cansino para recordar que los juzgados han declarado hasta en cinco sentencias que «el proyecto era ilegal y que nunca debieron adjudicarlo cuando sabían que existía un litigio judicial sobre el mismo», situación que «ha agravado las responsabilidades económicas» del Ayuntamiento, cifradas inicialmente en unos de 6,5 millones de euros .
En estos momentos, aún existen cinco procedimientos judiciales que están pendientes de resolver, uno de ellos interpuesto por el Ministerio de Transición Ecológica por incumplimiento de la Ley de Costas del proyecto, otro contencioso contra el primer trámite de la nueva venta y otros dos interpuestos por la propia empresa adjudicataria. «El Juez ha dicho muy claramente que un bien litigioso no se puede vender», ha subrayado.
Además, el portavoz de UPU ha considerado que «los eventuales daños que se han generado y se generarán en esta nueva intentona ilegal, tendrán que asumirlos quienes lo han aprobado incluso incumpliendo las sentencias judiciales recaídas».
En este punto, ha anunciado que para depurar las responsabilidades en las que ya se ha incurrido se interpondrán denuncia penal por presuntos delitos de prevaricación y malversación, acción contable para reclamar al equipo de gobierno «la devolución al PMS del dinero ingresado por la venta gastado ilegalmente, así como la acción patrimonial para que restituyan a las arcas públicas la indemnización que el ayuntamiento deba pagar a la empresa por la adjudicación ilegal del proyecto, que se ampliarán con las que se generarán con esta nueva intentona de venta ilegal».
La empresa Riaumbría ha expresado su confianza en que el TSJA confirme sus derechos como propietaria de las parcelas que en su día le adjudicó el Ayuntamiento de Punta Umbría previo pago de las cantidades fijadas en el procedimiento de venta de los terrenos.
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