Punta Umbría anula la adjudicación del proyecto de las dos torres a Riaumbría para impulsarlo desde cero

Tras más de dos años de recorrido, enfrentamiento político y una batalla judicial que sigue abierta, el Ayuntamiento de Punta Umbría pone punto y seguido al proyecto de las dos torres que desató la polémica: el equipo de gobierno del PSOE ha sacado adelante la propuesta de acuerdo de la alcaldesa, Aurora Águedo , para anular la adjudicación de las parcelas -junto a los viejos depósitos - a la sociedad Riaumbría Towers en las que estaba previsto levantar el residencial William Martin .

La propuesta, que supone el allanamiento del Consistorio en el procedimiento judicial abierto contra esta adjudicación y se suma al paso atrás dado en el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la sentencia que anuló el procedimiento de venta de los terrenos, ha sido aprobada con los votos del PSOE, del concejal de Ciudadanos y de una de las dos tránsfugas del PP que forman parte del Gobierno local, con la abstención del grupo de Unidos por Punta Umbría (UPU).

El acuerdo alcanzado hoy no supone una renuncia al proyecto urbanístico en la Avenida Ciudad de Huelva , abanderado por Águedo desde su acceso al cargo y al que el Consistorio le dio luz verde en septiembre de 2017, después de que su antecesor, Gonzalo Rodríguez , lo dejara aparcado por falta de consenso.

En la sesión, el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Economía, Daniel Ferrera , ha dejado claro que el Ayuntamiento empezará de cero el proyecto tras admitir que el procedimiento se ha visto afectado por « un defecto de forma » en el procedimiento de enajenación de las parcelas.

«No es ninguna ilegalidad, ni hay intención alguna de especular», ha subrayado Ferrera para añadir para que el gobierno de Punta Umbría pretende que «no se pierdan los beneficios» que repercutirían en el municipio « con este proyecto u otro ».

Por su parte, el portavoz de UPU, José Carlos Hernández Cansino , ha pedido la dimisión de la regidora al considerarla «responsable» de «una imprudencia» que va a generar un coste que estima puede suponer cinco millones a las arcas municipales.

La promotora ha anunciado acciones legales y el pasado septiembre, cuando se conoció la sentencia, comenzó a devolver el dinero a los inversores que habían realizado reserva de inmuebles en las torres proyectadas.