URBANISMO
La promotora de las torres de Punta Umbría devolverá a los inversores el dinero de reserva de inmuebles
La empresa confía en que se revoque la sentencia que anula la venta de los terrenos en un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que el Ayuntamiento no confirma de momento
La promotora, Riaumbría Towers S.L. ha anunciado, tras conocer la sentencia que anula la operación de compraventa de las parcelas de Punta Umbría en la que tenía previsto construir el residencial William Martin – dos torres de 19 plantas -, que mañana mismo pondrá en marcha un procedimiento para devolver a los inversores que lo soliciten las cantidades aportadas en concepto de reserva de inmuebles.
Sin embargo, no renuncia al proyecto y afirma que seguirá adelante . «Mientras que el Ayuntamiento costero mantenga la legalidad y la viabilidad del proyecto y recurra la sentencia , la empresa está obligada a confiar en que la venta de los terrenos que realizó el Consistorio se ajusta a la legalidad y, en consecuencia, deberá seguir adelante con el proyecto», ha manifestado en un comunicado.
La promotora, tras expresar «un respetuoso respeto a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Huelva que anula la venta, ha mostrado su confianza en la revocación de la resolución por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ( TSJA ), como ha ocurrido en casos similares «en los que se ha dado la razón al Ayuntamiento de Punta Umbría».
Riaumbría ha afirmado «no entender» el recurso de José Carlos Hernández Cansin o y avisa del « tremendo daño » que pudiera causar al municipio, máxime cuando en su etapa como alcalde «vendió varias parcelas con la misma e idéntica consideración urbanística».
La empresa ha incidido en su confianza en que se revoque la sentencia al considerar que de lo contrario, «sin duda supondría la ruina para todos los empresarios que la conforman» y al mismo tiempo conllevaría la obligación del Ayuntamiento a indemnizar a la promotora «por los incalculables perjuicios económicos ocasionados.
En este punto, llega a afirmar que «supondría hipotecar el futuro del municipio , que quedaría condenado a construir únicamente viviendas de protección oficial».
El Ayuntamiento ha eludido de momento valorar la anulación de la venta y no se ha pronunciado sobre el recurso a la sentencia.
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