Piden la dimisión de la alcaldesa de Punta Umbría tras anunciar la anulación del proyecto de las dos torres

El portavoz Unidos por Punta Umbría (UPU) en el Ayuntamiento costero, José Carlos Hernández Cansino , ha exigido la dimisión inmediata de la alcaldesa del municipio, Aurora Águedo , tras su decisión de anular el proyecto de las dos torres de 19 plantas «reconociendo su ilegalidad más de dos años después de su aprobación».

La regidora hizo pública ayer la intención de anular la adjudicación a la entidad Riaumbría Towers de las parcelas de los antiguos depósitos de agua, en las que se iba a desarrollar el Residencial William Martin , así como que el Ayuntamiento ha retirado el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia que estimaba la demanda de UPU y anulaba el acuerdo de licitación, y ahora propone llevar al Pleno -el próximo 29 de enero- el allanarse también a la demanda contra el acuerdo de los terrenos, «reconociendo la nulidad del mismo, como ha venido sosteniendo esta formación política».

Hernández Cansino ha incidido en que pese a las numerosas advertencias que hicimos, Águedo aprobó y adjudicó «un proyecto ilegal e insostenible , aún a riesgo de dañar la imagen y las arcas públicas de nuestro pueblo, y ahora que da marcha atrás reconociéndolo no le queda otra que irse».

Según el portavoz de UPU, «las responsabilidades de la alcaldesa, su equipo de gobierno y las concejalas tránsfugas que votaron a favor del proyecto a sabiendas de su ilegalidad son obvias», a lo que ha añadido que la nulidad del proyecto era «la crónica de una muerte anunciada en tanto que avisamos de que el plan era ilegal, nulo de pleno derecho, desde el minuto uno», el mismo día de septiembre de 2017 en el que el Pleno dio luz verde a la enajenación de las parcelas.

Ante tal circunstancia, ha considerado que los eventuales daños que se generen a la empresa o indemnizaciones, tendrán que asumirlos quienes aprobaron el proyecto «a sabiendas de que era ilegal», con los avisos que se han dado y las sentencias que existen con pronunciamientos por similares casos”. «Los ciudadanos no tienen por qué pagar los chanchullos de sus gobernantes, así que agotaremos todas las vías legales posibles para que los responsables asuman las consecuencias económicas de su bolsillo», ha concluido.