Caso Aljaraque
Una nota anónima carga contra CCOO en el «caso Aljaraque» y adelanta la posible defensa de Caraballo
Militantes y simpatizantes del PSOE en Huelva reciben por mensajería un documento sin firmar que deriva responsabilidades al sindicato y señala los plazos judiciales
A la espera de que la instructora del « caso Aljaraque » se pronuncie sobre los recursos presentados por las defensas de los cinco investigados en la supuesta compra de dos concejales de la formación morada para frenar una moción de censura (diciembre 2016) contra el gobierno socialista en este municipio de Huelva , un documento anónimo exculpa al secretario general del PSOE onubense, Ignacio Caraballo , implicado en la causa, y deriva responsabilidades al sindicato CCOO .
«Te mando esta nota para que tengas la información real y no la información sesgada y tergiversada que está dando los medios». Así arranca el texto sin firma que militantes y simpatizantes del PSOE ha recibido en los últimos días a través de una app de mensajería , en la que después de presentar –con nombre, apellidos y cargo- a los investigados e implicados en la causa como «actores», hace una cronología desde la ruptura de relaciones entre socialistas y «Sí se Puede Aljaraque» en el Ayuntamiento hasta el reencuentro posterior entre ambas formaciones, tras el paso atrás de la formación morada en la moción de censura que había firmado con el PP.
Los argumentos que, de forma anónima, se plasman a lo largo de cinco folios - tanto en su parte expositiva como en sus conclusiones- se dirigen a dejar fuera de toda implicación al líder del PSOE, a modo de alegato de defensa .
Así, en el apartado de conclusiones destaca (con formato diferente al resto del texto y tipografía en negrita) que Ignacio Caraballo no estuvo presente en la reunión del en el bar Bernardino , que no hay grabaciones a Ignacio Caraballo ni a ningún otro miembro del PSOE-H, y que « no ha firmado absolutamente nada, ni aparece en ningún documento».
Respecto a l a contratación de la mujer de uno de los concejales de la formación morada en Aguas de Huelva , que formaba parte del acuerdo que se cerró para frenar la moción de censura según la denuncia que motivó la investigación judicial, añade que tanto el responsable de la empresa de aguas como de Adecco, «aseguran que nunca ha tenido contacto alguno para la contratación ni con Ignacio Caraballo ni con ningún otro miembro del PSOE-H»; que los ediles investigados niegan que el sindicalista de CCOO, José Luis Rodríguez - al que se sitúa como mediador en representación del líder socialista- compareciera en representación de Caraballo o del PSOE-H y que «todos los investigados y testigos manifiestan que Ignacio Caraballo nunca participó en ninguna negociación ».
La nota trata de introducir elementos nuevos, como la decisión de dar un paso atrás por parte de los concejales de la formación morada y la de la contratación, y carga contra el sindicato y su representante. «Ya se dice por la juez y por el fiscal, que la contratación fue legal y que lo ilegal es que Rodriguez (CCOO), que conocía dicha contratación a través del sindicato en Aguas de Huelva, la usara como moneda de cambio para retirar la moción».
En otro punto de la exposición, llama la atención con mayúsculas y negrita sobre el delito que se imputa a los investigados (cohecho) derivando responsabilidad al sindicato. «OJO: La contratación de ... estaba prevista antes de estos hechos, para que trabajara en el programa DISS de escaneado de documentos (según aparece en el auto) y que miembros de CCOO ya conocía esta contratación y se aprovecha ».
Tráfico de llamadas
En relación con el tráfico de llamadas entre Caraballo y el sindicalista el día de la reunión en el bar Bernardino y posteriormente - clave para la instructora -, el texto justifica las conversaciones entre el máximo responsable de los socialistas de Huelva y Rodríguez en problemas en el Consorcio Provincial de Bomberos , a causa de la apertura de expedientes sancionadores a varios trabajadores, incluido un representante sindical.
En ese sentido, afirma que Rodríguez ofreció su mediación «como ya había hecho en anteriores conflictos sindicales con los bomberos». «Este miembro de CCOO y el Presidente de la Diputación, intentaron rebajar la tensión existente y evitar movilizaciones, por eso había contactos telefónicos entre ellos en dicha época».
La nota se cierra con el previsible calendario judicial del procedimiento, marcando plazos: de 15 a 30 días para que la jueza resuelva –concreta- «posiblemente pedirá que se continúe con la investigación y pase a la Audiencia Provincial».
«En cuatro o cinco meses – continúa-, la Audiencia Provincial resolverá en un sentido u otro o lo devolverá nuevamente al juzgado para que continúe el proceso. Si la Audiencia dijera que continúe el proceso, sería al final el fiscal quien tendrá que decidir si continúa con la acusación de cohecho».
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