Nómina de cinco mil euros por un cargo sin funciones

La coordinadora general de la Fundación Doñana 21 , María del Carmen Castrillo, cobra de la institución pública andaluza dependiente de la Junta de Andalucía un sueldo de más de 5.000 euros al mes por ocupar un cargo sin atribución de funciones . Así se desprende del comunicado emitido por la Fundación de Servicios Públicos del sindicato UGT, en el que se denuncia que «en septiembre de 2014, las funciones del cargo fueron atribuidas por el Patronato de la entidad al vicepresidente ejecutivo», José Solís, alcalde de Villamanrique de la Condesa. «Sorprendentemente, la persona que ocupa este puesto continúa percibiendo esta retribución sin realizar ni estas funciones , ni ninguna otra», lamentan desde la federación andaluza del sindicato.

El cargo de coordinadora general de la Fundación Doñana 21 lo ostenta desde el 1 de abril de 2011 María del Carmen Castrillo , a la sazón esposa del por entonces alcalde de Almonte, el socialista Francisco Bella. Curiosamente, Bella firma su renuncia al cargo de concejal en la oposición «por motivos estrictamente personales» en septiembre de 2014 el mismo mes en el que el Patronato de la Fundación retiraba las atribuciones a su esposa, no así la asignación económica.

Tras la dimisión de Bella, que no se hace efectiva hasta diciembre, los integrantes de la lista electoral presentada por el PSOE en Almonte para las municipales de 2011, renunciaron en bloque a sus actas de concejal dejando así vía libre a la incorporación al grupo municipal de Rocío Espinosa, actual alcaldesa de Almonte .

La Fundación Doñana 21 surge en 1997 promovida por la Junta de Andalucía y las cajas de ahorro El Monte, Unicaja y San Fernando para gestionar los Planes de Desarrollo de la Comarca de Doñana que provienen del modelo elaborado por la Comisión de Expertos en 1992. En el año 2012 la institución ejecutó un ERE en el que despidió al 60 por ciento de su plantilla argumentando «motivos económicos», cuestión ésta que también fue criticada duramente por el sindicato UGT.

Tras varios años en las instalaciones del CIECEM de Matalascañas, situado en el recinto del Parque Dunar, el pasado mes de febrero la Fundación firmaba un convenio por el que el Ayuntamiento de Almonte cedía por diez años una nueva sede dentro del núcleo urbano almonteño. La propuesta, que fue presentada en Pleno por el equipo de Gobierno del PSOE, fue defendida por la alcaldesa argumentado la grave situación económica por la que atravesaba la institución pública vinculada al desarrollo de Doñana.

Sin embargo, desde que Doñana 21 ejecutara el expediente de regulación de empleo, la actividad de la Fundación quedó reducida a la mínima expresión ya que la medida laboral esquilmó la cartera de técnicos con la que contaba el ente, dejando sólo a los cargos de representación.

UGT reclama que la fundación regule de forma inmediata su situación organizativa. «Una entidad pública no puede despilfarrar el dinero público poniendo en riesgo los puestos de trabajo de toda la plantilla», advierten.