Entorno de Doñana
Lucena del Puerto lanza un SOS ante «la ruina» tras el cierre de pozos ilegales y las sanciones económicas
El Ayuntamiento analiza este jueves en Pleno una resolución de Alcaldía para pedir amparo a administraciones y organismos públicos y hace un llamamiento a agricultores y vecinos
El Ayuntamiento de Lucena del Puerto , donde se han sellado 77 pozos ilegales en los últimos meses por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CGH), en cumplimiento de una sentencia (2017) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ( TSJA ), va a pedir el amparo de administraciones e instituciones ante «la gravísima situación económica y social» en la que se encuentra el municipio.
Desde el Ayuntamiento, se ha hecho un llamamiento a agricultores y personas de la zona afectadas o interesadas por el estado en el que se encuentran el pueblo y explotaciones agrícolas de la zona, para que asistan mañana (31 de octubre) al Pleno que se celebrará en el Consistorio para conocer los detalles de la resolución de Alcaldía que se someterá a debate. «La gravísima situación derivará en la ruina del municipio y sus gentes. Que no se llame nadie a engaño, todos estamos afectados por esta situación», ha manifestado el alcalde, Manuel Mora.
Mora ha concretado que las arcas municipales tienen ya un embargo por parte de Hacienda de 179.000 euros , que se encuadran en los 530.000 euros de sanciones que el Ayuntamiento tiene comunicado, que sumadas a las que están por llegar se elevarán al millón de euros .
En una primera estimación de las consecuencias económicas, entre sanciones y falta de actividad, incluida la pérdida de unos 1.300 puestos de trabajo , el Ayuntamiento hizo un cálculo de unos seis millones de euros.
La propuesta que se verá en la sesión contempla pedir amparo al Parlamento andaluz y nacional, al Defensor del Pueblo español y de la comunidad, al Consejo de Ministros , al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía , al Consejo de Participación de Doñana y a la Diputación de Huelva .
La resolución recoge « la desproporción » de las actuaciones administrativas y sancionadoras para un municipio del tamaño de Lucena del Puerto; el derecho a la defensa y la indefensión de hecho del municipio que carece de medios técnicos, humanos y económicos para afrontar «la avalancha» de sanciones y expedientes y «las omisiones de la legalidad de algunos casos que en su momento tenían una consideración legal distinta».
Asimismo hace referencia a la viabilidad de soluciones «menos lesivas» para los vecinos y el municipio de acuerdo con la legalidad, y «la fractura territorial » que ha producido la situación.
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