TRIBUNALES
Juicio en Huelva contra el capataz de una finca por supuesto abuso sexual de temporeras de Marruecos
La Fiscalía solicita para el acusado cuatro años y medio de prisión y una orden de alejamiento si las mujeres vuelven para trabajar en la campaña agrícola
El capataz de una finca ubicada en Moguer será juzgado la semana que viene en Huelva (Penal 1) como presunto autor de un delito de abuso sexual (por el que se enfrenta a un año y seis meses de prisión) y cuatro de acoso sexual (nueve meses por cada uno de los delitos) a temporeras procedentes de Marruecos que trabajaban bajo sus órdenes en la campaña de 2018, cuando fue detenido.
La Fiscalía, que acota los hechos entre abril y mayo de 2018, sostiene en sus escrito de acusación que el capataz «abusó de su posición» y de la situación de «vulnerabilidad» de las temporeras extranjeras, que habían llegado a Huelva en el marco del programa de contratación en origen tras haber sido seleccionadas por el Servicio Público de Empleo de Marruecos . El juicio se celebrará el próximo 25 de febrero .
El acusado accedía supuestamente sin permiso a la vivienda en la que residían las trabajadoras o se quedaba en la casa mientras las mujeres se duchaban, realizando gestos con connotaciones sexuales o se acercaba sin justificación a las mujeres mientras estaban en el tajo, «hostigándolas y con ánimo de coartar su libertad sexual ».
Según el relato de hecho de la acusación pública, que ejerce en este caso el fiscal Miguel Ángel Arias , el manijero se acercó a una de sus víctimas «con el pretexto» de explicarle cómo debía coger la fruta y aprovechó para aproximarse a ella «hasta el punto de cogerla por la cintura y tocarle la espalda y los pechos con ánimo libidinoso».
En otra ocasión, entró en la vivienda que ocupaba y con gestos le señaló la cama, con la pretensión de mantener relaciones sexuales .
Este comportamiento, mantiene la Fiscalía, se repitió con otras mujeres , a cuyas viviendas accedió también sin permiso. En un caso, se quitó los zapatos y le señaló una cama libre «para que se acostara con él» y otra vez entró cuando la trabajadora se encontraba acostada en su cama.
La Fiscalía pide además la prohibición de aproximarse a las trabajadoras tanto de sus domicilios como de cualquier lugar donde se encuentren para el caso que regresen a España, con imposición de un alejamiento superior 200 metros, así como la prohibición de comunicar con la misma por cualquier medio por dos años.
En concepto de responsabilidad civil reclama una indemnización de 3.000 euros por los daños morales causados por el delito de acoso a las mujeres y otra de 6.000 euros para que la sufrió presuntamente el abuso.
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