TRIBUNALES
La juez mantiene los cargos de prevaricación urbanística y fraude contra el alcalde de La Redondela
Finalizada la instrucción, dicta auto para continuar el procedimiento, vinculado a una subvención de 300.000 euros no justificados para construir una guardería
El alcalde de La Redondela , Salvador Gómez de los Ángeles (PSOE), se encuentra a las puertas de juicio por presuntos delitos de prevaricación urbanística y fraude de subvenciones vinculados a una subvención pública que la Entidad Local Menor (ELA) recibió para la construcción de una guardería que no fue justificada, mientras las obras del centro no se habían ni iniciado.
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Ayamonte ha dictado auto de transformación en procedimiento abreviado, poniendo así fin a la instrucción de la que se hizo cargo en otoño de 2017 –tras la denuncia presentada por la Fiscalía de Huelva- y abriendo fase intermedia, a la espera del pronunciamiento de las partes. Además, del alcalde, está también investigado por los mismos delitos A.R.F.
Los hechos se remontan a 2012, cuando la Junta concedió a La Redondela una subvención de 400.000 euros para construir una escuela infanti l , de la que la ELA recibió (en octubre de ese mismo año) un primer pago de 300.000 euros , aunque las obras no comenzaron hasta tres años después. Ante la falta de justificación de este montante, la Consejería de Educación no transfirió los 100.000¤ restantes de la subvención.
En agosto de 2015, la Junta Vecinal de La Redondela acordó en Pleno adjudicar a la empresa Inversiones Hergamo S.L. el contrato para la construcción de la escuela.
Una representación de la empresa constructora visitó posteriormente al Ayuntamiento de Isla Cristina (municipio matriz) para exponer la situación ya que, según mantenían, a la empresa se le adeudaba una cantidad superior a 187.000 euros. Fue en ese momento, a los seis meses de finalizar la construcción, cuando el Ayuntamiento de Isla Cristina tuvo conocimiento por primera vez de que en La Redondela se había construido una guardería sin licencia de obra mayor, que debía otorgar el mismo Ayuntamiento isleño, siendo además la parcela en la que se levantó el centro de titularidad municipal.
El auto de la instructora ha sido recurrido por la representación legal de los investigados.
