Investigación sobre los sueldos en Punta Umbría: piden que el PP diga qué órdenes dio a las ediles tránsfugas

La doble investigación que se lleva en los tribunales – vía penal y contenciosa - por la subida de sueldos en el gobierno local de Punta Umbría tras las elecciones municipales de 2019, cuando las dos concejalas electas por el PP de la localidad costera, María Sacramento y Amelia Gallardo , abandonaron su formación para pactar con el PSOE y formar parte del equipo de gobierno, introduce en la causa - en calidad de testigo - al presidente de los populares de Huelva , Manuel Andrés González .

Pendiente de fecha de señalamiento por el juzgado de lo Contencioso-Aministrativo 3 de Huelva, en el que se sigue la causa, Unidos por Punta Umbría (UPU ) – que impugnó el acuerdo de Pleno por el que se establecieron las retribuciones de la Corporación- solicita que el dirigente popular explique cuáles fueron las indicaciones que el PP dio a Sacramento y Gallardo tras las elecciones en relación con los posibles pactos.

El portavoz de UPU, José Carlos Hernández Cansino, alegó en su recurso que en el caso de las asignaciones de las ediles tránsfugas - para las que se fijó una retribución anual de 34.500 euros - se vulneró Ley de Bases de Régimen Local, que prohíbe que los concejales no adscritos mejoren su situación económica al abandonar el partido con el que concurrieron a las elecciones.

Con la declaración del presidente provincial del PP, el recurrente pretende que se ponga de manifiesto ante el juzgado que si las ex concejalas populares hubieran permanecido en el partido bajo cuyas siglas se presentaron a los comicios y sin pactar con el PSOE – lo que tendrá que aclarar González - no tendrían, en consecuencia, sueldos de tenientes de alcalde, mejorando así – como ha sucedido- su situación económica.

En paralelo, en el Instrucción 1 de Huelva se continúa la investigación en vía penal por la subida de sueldos en una causa declarada compleja tras la querella presentada por UPU contra la alcaldesa, Aurora Águedo , y el secretario accidental del Consistorio, por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.