Hasta 25 años de cárcel por matar a anciano por diversión, tabaco y 20 euros
Los hechos ocurrieron en 2016 y ahora el juzgado condena a los acusados
La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a penas de entre 14 años y 6 meses y 25 años y 3 meses de cárcel a los cuatro acusados de torturar y matar en septiembre de 2016 a J. R. F., un hombre de 78 años que era el guardés de una finca de El Campillo (Huelva), tras acceder a ella para robar.
Tras el veredicto de culpabilidad de un jurado popular emitido el pasado mes de febrero, la Audiencia condena a los encausados por delitos de asesinato , robo con violencia y robo con fuerza en las cosas y los absuelve de los de omisión del deber de Socorro y contra la Integridad Moral que les imputaba la acusación Particular, según consta en la sentencia , a la que ha tenido acceso Efe.
Concretamente, a uno de ellos lo condena a 25 años y tres meses de cárcel; 20 años y un día por el delito de asesinato y a cuatro años, tres meses y un día de cárcel por un delito de robo con violencia, ambos con la agravante de abuso de superioridad y en el segundo el de reincidencia ; y a un año de cárcel por un delito de robo con fuerza en las cosas, concurriendo en todos ellos la atenuante de drogadicción.
La misma pena de cárcel impone a otros dos acusados por el delito de asesinato, aplicando a uno de ellos además de la atenuante anterior la reparación del año ; a esto suman tres años, seis meses y un día de prisión por el robo con violencia y un año de cárcel por un delito de robo con fuerza en las cosas.
Al último de los encausados le impone 11 años y seis meses de cárcel por un delito de asesinato con una atenuante más , la de colaboración con la Justicia; dos años y seis meses de prisión por el robo con violencia y seis meses más por el de robo con fuerza.
De igual modo, impone a los acusados la privación del derecho a residir o acudir al lugar donde vivan los dos hijos de la víctima, así como la prohibición de comunicarse o aproximarse a los mismos durante el tiempo de la condena por un período de 10 años.
Además, deberán indemnizar conjunta y solidariamente con 90.000 euros a los herederos del cónyuge del fallecido y en 80.000 euros a cada uno de sus hijos, así como con 254,20 euros por los daños causados en la piscina municipal de El Campillo, donde robaron distintos objetos instantes antes de cometer el asesinato.
A estas cantidades deberán aplicarse las consignaciones ya efectuadas por dos de los acusados por un montante total cercano a los 38.000 euros y a los que, en virtud de ello, se les ha aplicado la atenuante de reparación del daño.
En su veredicto, el jurado consideró probado que los cuatro encausados se reunieron sobre las 00,00 horas del día 1 de septiembre de 2016 y «puestos de común acuerdo», decidieron acudir a una finca de El Campillo donde, según las informaciones obtenidas por uno de los condenados, su guardés «tenía guardada una importante suma de dinero» para «apropiarse de ella ilícitamente».
Los acusados, en compañía de un menor de edad -ya condenado-, emprendieron el camino a pie y, al llegar a la altura de la piscina municipal de El Campillo, accedieron rompiendo puertas y ventana y se apoderaron de comida y bebida por valor de 254,20 euros.
Una vez abandonada la piscina municipal, marcharon hasta la finca, donde llegaron sobre las 4,00 horas, uno de los acusados llamó a la puerta y la víctima salió con un palo de fregona en señal de defensa, momento en el que uno de los condenados le propinó un «fuerte» puñetazo que lo hizo caer hacia delante e inconsciente.
Tras eso «fue maltratado y golpeado reiteradamente para que dijese dónde se encontraba el dinero» hasta las 7:00 horas sin que lograran su objetivo, siendo abandonado allí, malherido.
La víctima falleció instantes más tarde a causa de un shock traumático e hipovolémico secundario a politraumatismos.
Según consideró probado el jurado, los acusados, que cometieron los hechos a causa de su adicción a sustancias tóxicas, se apropiaron de dos motosierras, una televisión de plasma , varias cajas de tabaco, el DNI y la cartilla bancaria del fallecido.
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