Soborno de Aljaraque
El futuro político del líder del PSOE de Huelva, pendiente ya de la Audiencia Provincial
La jueza del «caso Aljaraque» vuelve a desestimar los recursos de los investigados por el presunto soborno y confirma íntegro su auto
El futuro político del secretario general del PSOE de Huelva y presidente de la Diputación Provincial , Ignacio Caraballo , investigado por presunto cohecho en el « caso Aljaraque » -la supuesta compra de dos concejales para frenar una moción de censura en este municipio contra el gobierno socialista-, queda pendiente ya de la Audiencia Provincial , última instancia que deberá pronunciarse sobre su participación antes de que se abra la fase de juicio.
La magistrada del Instrucción 1 de Huelva, María José Fernández , ha vuelto a desestimar los recursos de la representación legal del líder del PSOE-H, y de los otros cuatro investigados en la causa, contra el auto de continuación de procedimiento para juicio ante el Tribunal del Jurado y ha confirmado de forma íntegra su resolución .
En este nuevo auto del procedimiento, que se abrió en enero de 2017 tras la denuncia del presunto soborno para frenar la moción de censura contra el PSOE sellada entre el PP y el grupo de « Sí se Puede Aljaraque », la instructora desecha una tras otra las alegaciones de la defensa de Caraballo, que mantiene que no consta que indujera a los concejales de la formación morada a votar a cambio de un beneficio económico o cooperara y pone en cuestión si los indicios existentes resultan suficientes para justificar que continúe en la causa, así como la versión del denunciante por «mala fe y tergiversación de las conversaciones telefónicas.
El resultado de las diligencias de investigación practicadas, concluye Fernández en el auto al que ha tenido acceso ABC , «permiten ubicar los hechos enjuiciados en la órbita de los delitos de cohecho», conforme a la concreción de la imputación realizada por las acusaciones en la comparecencia, cuya competencia objetiva para el enjuiciamiento viene atribuida al Tribunal del Jurado, « existiendo indicios de participación del recurrente, sin perjuicio de su más definitiva concreción tras la celebración de las diligencias de investigación que pudieran acordarse y demás trámites establecidos en la Ley».
Fernández reitera los argumentos expuestos en anteriores resoluciones para desechar la petición de sobreseimiento realizada por parte de la defensa del dirigente socialista: aunque Caraballo no estuvo presente en la reunión del 11 de enero en el Bar Bernardino (donde se pusieron sobre la mesa los detalles del acuerdo para parar la moción), ni tampoco en la que tuvo lugar esa tarde en el Ayuntamiento de Aljaraque y solo estuvo en la firma del acuerdo en la sede de la Diputación Provincial, sin firmar el citado documento, destaca que el denunciante mantuvo en su declaración que el sindicalista de CCOO acudió a la reunión del Bar Bernadino en representación del PSOE de Huelva.
En este sentido, aclara que aunque otros investigados han negado que el sindicalista compareciera en representación del PSOE o de su secretario provincial, su nombre aparece en los audios de los concejales y en otras conversaciones mantenidas entre el denunciante y los investigados, de las que pudiera deducirse que «se encontraba al corriente de las negociaciones que se estaban realizando».
Concreta en este momento de su exposición, las afirmaciones de uno de los ediles, Pedro Escalante, en relación con el dirigente socialista: «lo que me han trasladado es que Caraballo ha dicho que adelante con lo que propusimos anoche»; «Claro él se lo dijo a Ignacio e Ignacio le dijo que claro que para adelante que hablara con el gerente y...habló con el Gerente y ya está, de ahí para adelante».
La juez considera que las propuestas referidas por el denunciante, que se hicieron en la reunión del Bar Bernadino, finalmente tuvieron lugar , el nombramiento de un concejal como miembro de la Junta de Gobierno Local y la contratación de la mujer del segundo edil de la formación morada como empleada en la empresa de Aguas de Huelva.
Ante estos hechos, la instructora estima que el cambio de criterio de los concejales en relación a la moción de censura « no se debió a una cuestión estrictamente política y a la presión sufrida por la críticas de compañeros y vecinos, sino al conocimiento de la posibilidad de que pudieran llevarse a efecto las propuestas señaladas, lo que determinó presuntamente el cambio de la voluntad en relación a la moción de censura firmada y de la que finalmente se desistieron».
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