Andalucía
Fosfoyesos de Huelva: un vertedero de residuos tóxicos que corre el riesgo de perpetuarse
El Consejo de Seguridad Nuclear y la Junta de Andalucía tienen la última palabra sobre el plan de enterramiento de vertidos en las marismas onubenses
El que se considera el mayor vertedero industrial de Europa, las montañas de fosfoyesos —con alturas que alcanzan los 25 metros— asentadas sobre unas 1.200 hectáreas de marismas en Huelva , vecinas de barrio de las primeras casas de Pérez Cubillas y a escasos metros de la desembocadura del río Tinto, se perpetúa en el tiempo, sin visos de solución efectiva para los 120 millones de toneladas de residuos (peligrosos y radiactivos parte de ellos) que la empresa Fertiberia ha ido depositando en las últimas décadas.
La regeneración de las marismas ocupadas por los yesos lleva esperando la friolera de 17 años , desde que la Audiencia Nacional dictó sentencia —en una batalla judicial que se inició en 2003— en la que ordenaba la recuperación ambiental de la zona afectada y la constitución de una aval por la compañía para garantizar su ejecución.
A punto de cerrar 2020, el denominado proyecto constructivo de clausura de las balsas de fosfoyesos —presentado en 2014, tres años después del plazo establecido— sigue alejándose en el horizonte: tiene aún por delante un recorrido en vía administrativa —con autorizaciones pendientes de la Junta de Andalucía y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) — y Fertiberia, saltándose los ultimátum y plazos otorgados en los últimos años por el Alto Tribunal, no ha aportado hasta ahora ni la mitad del aval exigido, fijado en 65,9 millones hace cinco años.
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) con la que el Gobierno central, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, acaba de dar todas las bendiciones al proyecto —anunciada a bombo por la empresa como paso decisivo en la tramitación— está, sin embargo, supeditada al dictamen definitivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), confirmaron a ABC fuentes del organismo.
A lo largo del procedimiento de evaluación ambiental, el CSN ha emitido dos escritos para concretar aquellos aspectos que han de ser tenidos en cuenta en la documentación que la empresa debe remitir para que el Consejo emita su informe final, en el que evaluará el impacto radiológico asociado al proyecto de restauración y, en caso necesario, establecer «medidas de protección radiológica o restricciones de uso».
En las balsas de fosfoyesos de Huelva se localiza una de las seis zonas radiactivas —con presencia de Radio-226 — que el CSN mantiene bajo vigilancia en España. En un área colindante al área de apilamiento, en el estuario del Tinto, existe además un centro de recuperación de inertes en el que hay depositado Cesio-137, que el Consejo mantiene igualmente bajo su objetivo.
Además, e l yeso vertido en la balsa 3 —clasificado como peligroso según la normativa de la UE— presenta una elevada concentración de arsénico y cadmio , según el informe presentado —a petición de la Mesa de los Fosfoyesos de Huelva— por el grupo de expertos que dirige el catedrático del área de Estratigrafía y Sedimentología de la Universidad de Huelva (UHU), José Borrego.
El proyecto de clausura de los fosfoyesos de Fertiberia necesita asimismo un informe de compatibilidad urbanística del Ayuntamiento y la Autorización Ambiental Integrada (AA I), a emitir por la Junta de Andalucía, administración que tendrá que pronunciarse también con un estudio de evaluación de impacto sobre la salud (EIS), que queda en manos de l a Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, en el que ya están trabajando los técnicos, según confirmaron fuentes del departamento de Salud en Huelva.
En cuanto a la estabilidad de los depósitos de yesos, cuestionada en las alegaciones —presentadas en el procedimiento por administraciones y colectivos— al considerar que cojean los estudios que se incluyen en el expediente, el documento del departamento de Transición Ecológica refiere los informes aportados por la misma Fertiberia, señalando que «para las diversas hipótesis de carga, se encuentran en todos los casos, incluso en un sismo extremo, dentro del margen de seguridad establecido por la normativa vigente, las guías de recomendaciones geotécnicas actuales y las buenas prácticas de ingeniería».
La resolución del Ministerio señala que en el informe sobre la posibilidad de la existencia de fallas activas «se muestran los argumentos a favor y en contra de la presencia de fallas activas concluyendo que no existen porque no aparecen en las Bases de Datos Nacionales específicas». El equipo de expertos de la Universidad onubense que lleva a cabo los informes para la Mesa de los Fosfoyesos de Huelva, a cuyos estudios no hay referencia alguna a lo largo de la Declaración de Impacto Ambiental, rebate la resolución ministerial: el comité presentó «los registros sísmicos que demuestran la presencia de estas fallas, aunque no estén incluidas en las citadas bases de datos», y no han sido tenidos en cuenta, señalaron.
En paralelo, la Universidad de Huelva dio la voz de alerta de que el subsuelo de la marisma se resiente por la presión derivada del apilamiento de los yesos. La acumulación de estos residuos —desde finales de la década de los 60 del pasado siglo— ha provocado según los especialistas «deformaciones por sobrepresión» en los sedimentos que tienen bajo sus pies, y se han detectado desplazamientos de fluidos en busca de vías de escape hacia el exterior. De hecho, constataron la presencia «de fallas —bajo los montañas de yesos— que implicarían un riesgo estructural importante que afecta a la estabilidad de las balsas y los apilamientos».
En relación precisamente al riesgo de inundación y de maremoto de los depósitos de residuos, el departamento de Transición Ecológica da en su resolución una misma respuesta: «el proyecto en sí mismo ya representa una mejor protección frente a este riesgo, en comparación con la situación actual».
Sin embargo, los expertos de la Universidad de Huelva avisan de que no se tiene en cuenta el efecto de las fuertes corrientes que acompañan al fenómeno, «capaces de mover bloques de varias toneladas» y, de que en la documentación no se incluye un estudio dinámico de las corrientes ni de su capacidad de transporte de grandes bloques. «No sólo la escollera podría ser desmantelada por transporte de sus bloques, sino que podría ser socavada por su base».
Llegado este punto del largo recorrido administrativo del plan fosfoyesos, con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en la mano aunque pendiente de los restantes permisos, la Audiencia Nacional emite un nuevo auto en que el avisa a la empresa Fertiberia del inicio de acciones penales por su «contumaz y reiterado incumplimiento» ya que a estas alturas continúa sin garantizar la totalidad de la suma requerida (65,9 millones) mediante aval o caución suficiente para garantizar la ejecución de proyecto de regeneración de las marismas.
¿Qué dice Fertiberia ante la advertencia y de la reprobación del Alto Tribunal? La compañía repite el argumento que viene esgrimiendo en los últimos años, afirmando que «continuamos trabajando con ahínco para conseguir cumplir los requerimientos de la Audiencia Nacional y esperamos poder darle solución en un corto plazo de tiempo».
Fuentes de Fertiberia incidieron en que la firma aportó el 55% del aval y acreditó la suma de 36,1 millones (de los 65,9 millones exigidos) La Audiencia —que no considera acreditada «de modo riguroso y fehaciente» la suma aportada—, solo ha dado por válidos 32,5 millones «al entender que el beneficiario de los 3,6 millones restantes no es el Ministerio sino la Junta de Andalucía, aunque en ambos casos —señala— las garantías tienen por objeto cubrir la ejecución de los trabajos de regeneración de los apilamientos de fosfoyeso».
En el proyecto de enterramiento de los fosfoyesos —almacenados en cuatro grandes balsas rodeadas de canales en los que se recogen y drenan aguas contaminadas —, se eligió de entre las seis opciones que se barajaban el denominado de confinamiento de los residuos, valorando que los yesos no tendrían así que ser transportados ni retirados —demanda precisamente de agentes sociales y ecologistas de Huelva— para evitar —defiende la empresa— impacto asociados al transporte. El plan estima diez años de ejecución de obras y otros 30 años de seguimiento tras el sellado de los depósitos.
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