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La Fiscalía de Huelva cierra la investigación sobre los precios del agua de Giahsa al no ver delito
El Ministerio Público considera que el procedimiento para el establecimiento de las tarifas «se ajusta a la norma»
La Fiscalía de Huelva ha archivado la investigación en relación con el establecimiento del precio del agua por parte de la empresa pública Giahsa al considerar que los hechos que fueron denunciados por la Federación Provincial de Sindicatos de la Confederación General de Trabajadores ( CGT ) en Huelva no son constitutivos de delitos de prevaricación ni de alteración del precio de las cosas , como mantenía el sindicato.
Analizada la documentación que solicitó a la empresa, tras la presentación de la denuncia en la primavera de 2019, el Ministerio Público descarta la existencia de delito y señala que « no consta que haya habido una actuación por parte de la Mancomunidad de Servicios de Huelva (MAS) o de Giahsa tendenciosa y dirigida a causar un perjuicio para los usuarios, a sabiendas de que esa actuación pudiera ser ilícita y contraria a Derecho».
Tras aclarar que no entra a valorar el contenido de la actuación de las referidas instituciones en el desarrollo de sus actividades, sino a determinar si esas actuaciones en la aprobación de las cuotas del servicio del agua pudieran ser delito, afirma que el procedimiento para el establecimiento y concreción de las tarifas « se ha ajustado a la norma , recabando los informes preceptivos y resolviendo por el organismo de la institución competente».
En este punto, señala además que el procedimiento seguido y su conclusión no han sido impugnados en la vía contenciosa-administrativa y traslada a los denunciantes que el archivo no cierra su derecho a formular la denuncia ante los juzgados de Instrucción «si a su derecho conviene»,
La CGT mantenía en su denuncia que los precios establecidos por Giahsa no se han sometido al preceptivo control de la Junta de Andalucía , lo que podría haber llevado a la empresa pública a «elevar los precios sin contro l», de forma que habría impuesto a los usuarios «precios mucho más elevados de los que legalmente corresponderían».
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