SANIDAD

El fiscal conmina a denunciar las listas de espera como paso previo a la vía penal

El Sindicato de Enfermería (SATSE) de Huelva va a denunciar ante los Servicios de Inspección del SAS por el incumplimiento de los plazos asistenciales

Imagen de una operación en un quirófano ABC

S.A.

El Sindicato de Enfermería (SATSE) de Huelva va a denunciar ante los Servicios de Inspección del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por el incumplimiento del decreto de garantías en los plazos asistenciales, tras determinar la Fiscalía que ese debe ser el paso previo a cualquier denuncia penal.

De esta manera, SATSE, según ha informado en un comunicado, seguirá las pautas marcadas por la Fiscalía en la Resolución dictada, ya que tal y como recoge la misma, «se puede, e incluso se debe, si es que no se ha hecho, proceder a la denuncia de los hechos ante los Servicios de Inspección del SAS, en caso de apreciarse conductas infractoras administrativas que comprometen la salud de los ciudadanos».

Este es, según el fiscal, «el primer paso en las actuaciones a emprender para la corrección de posibles desviaciones originadas por la acción u omisión de responsables de los servicios periféricos de la Administración sanitaria, como paso previo necesario y anterior a cualquier denuncia penal».

Decreto de garantías

Así, el Sindicato entiende que efectivamente el documento interno en el que la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario daba instrucciones al personal del Servicio de Atención al Ciudadano sobre cómo atender a los usuarios en función de si conocían o no el decreto de garantías para la espera de una consulta con un especialista, supone sin lugar a duda «una conducta infractora», ya que, según el sindicato, en el documento en cuestión se reconocía abiertamente el incumplimiento de los tiempos de espera recogidos en la Ley.

SATSE recuerda que en tal documento, se daban pautas de actuación tan graves como la que sufren, aún a día de hoy, los pacientes del Servicio de Cardiología que pertenecían al Hospital Infanta Elena (unas 1.800 personas) , a los que se les ha realizado una amnistía, es decir, tal y como recoge el documento en cuestión «no se les va a citar a no ser que vayan a reclamar la cita».

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