Temporeras
Europa mira con lupa las denuncias de los campos de fresa
Tras un informe de la Comisión de la Mujer sobre presuntos abusos a temporeras rechazado por los empresarios
«Me han violado». «¿Qué te han hecho, te han tocado?». La chica responde con un «no» y casi al mismo tiempo su intérprete afirma «han sido insinuaciones». La conversación se produce a las puertas de una finca agrícola de Almonte (Huelva), en la carretera de Arrayán, entre un guardia civil y una trabajadora del campo procedente de Marruecos. De aquí, al cuartelillo. Las preguntas corren a cargo del agente que hace solo una semana recogió cuatro denuncias de temporeras marroquíes (una por agresión sexual y otras tres por insinuaciones para tener sexo) contra uno de sus patronos, socio de la empresa.
Las temporeras abandonaron la explotación de la mano del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) , que las acompañó en el proceso de denuncia también ante la Inspección de Trabajo. Posteriormente se sumaron otras cinco mujeres. El empresario, que acudió de forma voluntaria a la Guardia Civil , está a la espera de que el juzgado lo llame a declarar.
Así comenzaba el último escándalo por supuestos abusos sexuales y explotación laboral que ha estallado en los campos de fresas de Huelva. Ocurre de forma cíclica. En esta campaña que toca a su fin han vuelto a aparecer. Dos semanas antes, la Policía Nacional detenía a un hombre de 47 años de nacionalidad española, encargado (manijero) en una explotación del municipio de Moguer por presuntos delitos de coacción y abusos sexuales, después de que varias mujeres lo denunciaran por chantajearlas con perder su puesto de trabajo si no cedían a sus exigencias sexuales.
La situación ha explotado en el tajo, con acusaciones en direcciones opuestas. En cascada, alrededor de un centenar de mujeres han levantado la voz para denunciar sus condiciones laborales y presuntas coacciones para que mantengan la boca cerrada a riesgo de no volver a pisar una plantación fresera en Huelva. Mientras, en la finca de Almonte, las temporeras marroquíes se han levantado en bloque contra las compañeras que han denunciado a los jefes . Una denuncia que lleva ya la firma y los nombres de unas 140 mujeres afirma que lo han hecho «porque les han prometido tener papeles para quedarse en España y no volver a Marruecos».
«Se pasaba todas las noches en la discoteca y al día siguiente no podía trabajar, estaba cansada. Eso sí, quería cobrar todo», señala respecto a una de las denunciantes una veterana con más de 10 campañas freseras en sus riñones y varias bocas que alimentar en Marruecos. «Es todo mentira», añade otra. «¡Viva el jefe, viva el jefe!», corean en grupo varias de las trabajadoras a las puertas de sus casas, ubicadas en la finca junto a las oficinas de la empresa.
Estas mujeres forman parte del contingente de 14.000 personas que las organizaciones agrarias han llevado este año a Huelva al recurrir, tras el fin de la crisis, a la contratación en origen ante la falta de trabajadores nacionales, un modelo que el sector comenzó a implantar en la década de los 90 para garantizar la mano de obra hasta el fin de la campaña.
«Me están acusando hasta de no llevarlas al médico. A lo largo de estos años he tenido mujeres embarazadas que no podían trabajar», afirma uno de los empresarios. «Hay más de un Manolos y varias Marías en zonas rurales de Marruecos porque han nacido aquí».
Justo antes de las publicaciones alemanas que hicieron saltar las alarmas, el foco sobre Huelva lo ponía un informe de la comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (FEMM) presentado el 15 de mayo en el Parlamento Europeo. El informe afirma que «las mujeres migrantes que trabajan en Huelva, independientemente de su origen nacional, corren el riesgo de dinámica opresiva de control, aislamiento, sujeción por género y fragilidad también debido a la falta de información y redes sociales. Los actores abusivos pueden ser empleadores, temporales agencias o manijeros», así como «situaciones de fuerte dependencia del empleador que pueden dar lugar a explotación, amenazas y abuso sexual».
Caso de Cabezo Redondo
La Interprofesional de la fresa -que aglutina al sector- ha advertido por su parte que el empresario que no cumpla las exigencias quedará fuera de las organizaciones agrarias. No habrá impunidad por abusos de naturaleza laboral o sexual. En la memoria, el caso de Cabezo Redondo, que se conoció como «finca de los horrores». Un empresario y sus dos hijos fueron condenados (2013) a nueve años de cárcel por someter a temporeras a condiciones violentas e intimidatorias, usando la fuerza en alguna ocasión y solicitando favores sexuales en algunos casos a cambio de garantizarles la continuidad en el trabajo.
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