Un edil de «Sí Se Puede» denunció por amenazas a la alcaldesa y al PSOE de Aljaraque tras firmar la moción de censura

El concejal de «Sí Se Puede Aljaraque» que dio marcha atrás en la moción de censura que firmó con el PP en el municipio, Francisco Martín , a cambio supuestamente de un puesto de trabajo para su mujer en la empresa Aguas de Huelva, denunció por amenazas a la alcaldesa, Yolanda Rubio , y al secretario local del PSOE, José Martín , tras alzanzar el acuerdo con los populares.

Dos días antes de la reunión en la que el representante de CCOO, José Luis Rodríguez , ofreció presuntamente a los dos ediles de la formación morada entrar en el equipo de gobierno de Aljaraque (junto al PSOE e IU) y un empleo para su mujer, Martín denunció ante la Guardia Civil haber sido objeto de amenazas por vía telefónica y a través de las redes sociales.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso ABC, desde que se hizo público que «Sí Se Puede Aljaraque» firmó la moción con el PP para desbancar al PSOE del Ayuntamiento, comenzó a recibir llamadas con amenazas veladas , entre las que cita una conversación con la regidora, que le advirtió que «se atuviese a las consecuencias». Asimismo afirma que el secretario general del PSOE del municipio, a través de una red social, lo amenazó y le dijo «bienvenido a las consecuencias».

Suma el concejal los comentarios en su contra de una vecina del pueblo, que identifica con nombres y apellidos, en los que afirma que dice «todavía no está perdida la batalla. Abochornemos a esos dos personajes para que les dé vergüenza asomar la cabeza por la calle , que no tengan narices el 16 (fecha del Pleno) votar la moción de censura. Estos son los traidores», dando su hombre y el de su compañero, Pedro Escalante , y añadiendo sus fotos.

En esos días, solo en una misma jornada, Martín afirma que varias llamadas seguidas de una mujer en tono erótico , por lo que cerró el móvil y al día siguiente puso los hechos en manos de la Guardia Civil.

El Juzgado de Instrucción 1 de Huelva mantiene abierta una investigación sobre la presunta compra de voluntades de los ediles de la marca blanca de Podemos en el municipio onubense a cambio de abortar la moción de censura.