Confirman las imputaciones del caso Aljaraque: el futuro de Caraballo, pendiente de las acusaciones

El caso Aljaraque , que se abrió en enero de 2017 tras la denuncia de un presunto soborno para frenar la moción de censura contra el PSOE -sellada entre el PP y el grupo de « Sí se Puede Aljaraque », a cambio de una concejalía y un puesto de trabajo para los ediles de la formación morada, continuará el trámite para ser juzgado por el Ley del Jurado .

Tras sucesivas impugnaciones, la Audiencia Provincial de Huelva (Sección Primera) ha confirmado las imputaciones que sostiene en su auto la instructora, María José Fernández , desestimando los recursos presentados por el secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo , y los otros cuatro investigados por cohecho en esta causa.

La Audiencia onubense, según ha podido confirmar ABC, rechaza los argumentos de la defensa en los que apoyaban la petición de archivo del procedimiento – incluida la validez de las grabaciones, como en anteriores recursos- y mantiene que existen indicios para que el caso sea enjuiciado por un jurado popular. La Audiencia indica además a los representantes legales de los imputados que en Ley del Jurado existe el trámite y momento procesal para plantear este aspecto.

A la espera solo de practicar algunas de diligencias (una declaración, entre estas), a partir de ahora la titular del Instrucción 1 dictará auto de apertura de juicio oral y desde ese momento, las acusaciones concretarán los imputados que finalmente se sentarán en el banquillo de los acusados.

En su autor, la jueza Fernández sostiene que las investigaciones «permiten ubicar los hechos enjuiciados en la órbita de los delitos de cohecho » y señalaba, respecto a Caraballo, que «existen indicios de participación del recurrente, sin perjuicio de su más definitiva concreción tras la celebración de las diligencias de investigación que pudieran acordarse y demás trámites establecidos en la Ley».

En la causa, están investigados además los dos concejales de la formación morada , Pedro Escalante y Francisco Martín , un representante de CCOO, José Luis Rodríguez , que supuestamente puso sobre la mesa los términos del acuerdo, y un directivo de la empresa de aguas .