Colapso en la atención primaria de la cárcel de Huelva tras quedarse sin médico

Los sindicatos Acaip-UGT han denunciado que desde esta semana la macrocárcel del Huelva , con una población reclusa de unos 1.100 internos, se queda sin presencia de médico durante las 24 horas, lo que supondrá – advierten- «un menoscabo» para la salud de los presos así como para la seguridad del penal.

La actual plantilla de facultativos, que ha ido perdiendo efectivos «sin que la Administración haya resuelto un problema que se ha convertido en crónico», la conforman en estos momentos la Subdirectora Médica y un médico en activo. Según la Relación de Puestos de Trabajo, el centro debería contar con ocho colegiados .

«La menguada plantilla de facultativos ya no puede hacer frente a la atención sanitaria que necesita la población reclusa onubense», en un elevado porcentaje drogodependiente y afectada por innumerables patologías infectocontagiosas, psiquiátricas, enfermedades neurodegenerativas, SIDA, hepatiti s, así como de las urgencias vitales o de las urgencias por lesiones derivadas de agresiones entre los internos, «cargando parte de estas funciones al resto del equipo sanitario del centro».

Acaip-Ugt ha incidido en que las organizaciones penitenciarias llevan años denunciando el déficit de médicos ante la Administración Penitenciaria, Defensor del Pueblo, Consejería de Salud y Familia e Inspección de Trabajo, con el aviso de que esta situación podría acabar «en el colapso» de la sanidad penitenciaria en el centro penitenciaria de Huelva.

En este sentido, han señalado que durante años «la asistencia médica ha ido progresivamente resintiendo hasta llegar a la degeneración que vivimos en la actualidad», situación que es consecuencia de «la dejación de funciones » del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Ortiz , que «está literalmente dejando morir la sanidad penitenciaria, convirtiendo en habitual la carencia de facultativos en los centros penitenciarios y dejando de lado su obligación de cuidar el derecho a la salud de la población reclusa española».

Según los sindicatos, Ortiz ha apostado por « menoscabar el carácter público» del servicio sanitario penitenciario y no es capaz de cumplir el mandato legal desde 2003 de traspasar las competencias sanitarias penitenciarias a las comunidades autónomas, ante lo que no descartan que esta situación «sea la excusa para una privatización de la asistencia sanitaria penitenciaria».