FRAUDE EN FORMACIÓN

Cinco años de cárcel para los administradores de una empresa de Huelva por fraude en la formación en 2010

El juicio contra la mercantil Fusión Onubense, que recibió una subvención de 167.874 euros, se celebra mañana

La sede judicial de Huelva ABC

M. Rosa Font

El fraude en la formación de la Junta de Andalucía sigue coleando en los juzgados onubenses años después de que se archivara la pieza política, con gestores de empresas que han de responder penalmente en los tribunales por las subvenciones millonarias que recibieron la pasada década.

En un nuevo juicio, que se celebrará mañana en el Penal 1 de Huelva , los dos administradores de la mercantil Fusión Onubense S.L. – constituida en junio de 2010- , se enfrentan a cinco años de cárcel (dos años y seis meses cada uno de los acusados, F.M.C.C. y M.C.R.) como presuntos autores de un delito de fraude tras recibir una ayuda por un montante de 167.874 euros , según se recoge en el escrito de acusación de la Fiscalía de Huelva, al que ha tenido acceso ABC.

La ayuda, que la Consejería de Empleo le concedió en diciembre de 2010, tenía como objeto la realización de acciones formativas con el compromiso de contratación , según constaba en el convenio suscrito entre la mercantil y la Administración andaluza, que también ejerce la acusación en la causa.

Sin embargo, las condiciones no se cumplieron por parte de la mercantil. En julio de 2012, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) emitió una resolución en la que reclamaba a los ahora acusados que reintegraran el dinero recibido por «incumplimiento total» de los compromisos. Además, se señalaba que no presentaron la documentación justificante de los gastos , ni el informe del auditor de las cuentas y que no se contrató al 60% del alumnado. Nunca se reintegró cantidad alguna.

Ahora, los administradores de Fusión Onubense se sientan en el banquillo como acusados de fraude en subvenciones ante una petición de pena de cinco años de cárcel, además de multa de 350.000 euros , indemnización a la Junta por la misma cantidad (167.874 euros) y pérdida de la posibilidad de poder obtener subvenciones o ayudas públicas, así como beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por tres años.

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