SUBIDA DE SUELDOS
Amplían la investigación por supuesta prevaricación y malversación por la subida de sueldos en Punta Umbría
La instructora declara compleja la causa abierta contra la alcaldesa, Aurora Águedo, y el secretario municipal accidental
La polémica subida de sueldos con la que el Ayuntamiento de Punta Umbría inició el mandato hacer ahora un año -tras las elecciones municipales de 2019-, en especial por la situación de las concejalas tránsfugas del PP , María Sacramento y Amelia Gallardo , tendrá recorrido en vía judicial.
El Juzgado de Instrucción 1 de Huelva , en el que recayó la querella presentada por el grupo de Unidos por Punta Umbría (UPU) contra la alcaldesa, Aurora Águedo , y el secretario accidental del Consistorio, por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos , ha declarado compleja la causa, lo que supone, de entrada, ampliar la investigación hasta el menos 18 meses .
La instructora ha considerado que el caso encaja en una de las causas previstas para aumentar el tiempo de instrucción. «Teniendo en cuenta que los hechos pudieran ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos (sin perjuicio de su ulterior y más definitiva calificación jurídica), está pendiente la práctica de diligencias que pudieran acordarse en esclarecimiento de los hechos, lo que difícilmente permitiría la conclusión de la instrucción en el plazo de seis meses», señala para indicar que procede declarar la instrucción compleja, como han solicitado tanto la Fiscalía como la acusación popular .
La causa tiene su origen en la impugnación por parte de UPU del acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Punta Umbría (25 de julio de 2019), por el que se establecieron las retribuciones de los miembros de la corporación en régimen de dedicación exclusiva y parcial, así como las indemnizaciones por asistencia a plenos y comisiones.
Argumentaba que el acuerdo estaba « viciado de nulidad de pleno derecho por infringir los principios de igualdad y no discriminación » así como por la adquisición de derechos económicos y políticos por parte de las concejalas no adscritas, la ex ediles del PP, «careciendo de los requisitos legales».
A renglón seguido, UPU solicitó la suspensión de la ejecución del acuerdo impugnado, como medida cautelar hasta que se resolviera el procedimiento y, al mes de no tener una resolución expresa por parte del Ayuntamiento, consideró que los efectos del citado acuerdo quedaban suspendidos, y, en consecuencia, suspendidas las retribuciones y asignaciones que el acuerdo vino a aprobar.
Poco después, en septiembre de 2019, el mismo grupo presentaba recurso en vía Contencioso-Administrativa contra la desestimación por silencio administrativo del Recurso de Reposición contra el Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento.
El portavoz de UPU, José Carlos Hernández Cansino , notificó estos pasos a la alcaldesa-presidenta, al secretario accidental y a otros miembros del equipo de Gobierno de Punta Umbría. En respuesta, el Consistorio le notificó que en el recurso había incurrido en defecto de form a, exigiéndole subsanación, por no haberlo hecho de forma telemática.
Hernández Cansino trasladó al Ayuntamiento que, como concejal, no está obligado a utilizar medios electrónicos, y detalló las ocasiones precedentes en las que el grupo de UPU había actuado en su relación con la administración, advirtiendo que interpondría querella o denuncia si «se dictaba resolución o actuación alguna en aplicación del acuerdo suspendido, o si informaban favorablemente las mismas, instando a abstenerse de abonar retribuciones y o asignaciones a los miembros de la corporación municipal», hasta la resolución, en su caso, de la medida cautelar solicitada al Juzgado.
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