Altos cargos del CSIC, Industria y Almonte, ante 14 años de cárcel por las obras en el Palacio de Doñana

Un total de siete altos cargos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ( CSIC ) y del Ministerio de Industria , así como un concejal y técnicos del Ayuntamiento de Almonte se enfrentarán a 14 años de cárcel por las obras que se llevaron a cabo en 2015 en el Palacio de Doñan a, sede de la Reserva Biológica, sin tener en cuenta las distintas figuras de protección del edificio.

Así se recoge el escrito de acusación de la Fiscalía de Huelva , al que ha tenido acceso ABC, en el que solicita dos años de prisión para cada uno de los siete acusados como presuntos autores de delitos de daño al patrimonio histórico y prevaricación medio ambiental .

En la lista de acusados, figuran el secretario seneral del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el jefe de la oficina de supervisión de proyectos de la Subsecretaría del Ministerio de Industria, Energía y Turismo , el director de obra de Condisa Sau y el arquitecto proyectista de Novarquia Proyect and Management , a los que se imputan delitos de daños en el patrimonio histórico, con solicitud de pena de dos años de cárcel .

Por otro lado, acusados de prevaricación medio ambiental, con la misma petición de pena (dos años de cárcel) más inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez años , estarán en el banquillo el delegado de Urbanismo de Almonte en aquel momento, la arquitecta municipal y la asesora jurídica del Ayuntamiento.

Además, el fiscal interesa, respecto de los acusados por daños, como responsables civiles directos y al CSIC, y a Novarquía y Condisa Sau como r esponsables civiles subsidiarios , la reparación del daño causado en el Palacio de Doñana, reponiendo el mismo a la situación anterior a la obra ilícita, salvo aquello que resulte legalizable o, en caso de que lo mismo no fuera posible, adopten las medidas que se determinen en ejecución de sentencia para la legalización de las obras efectuadas, conforme a lo dispuesto en el informe de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía de febrero de 2017. En el caso de que ninguna de las anteriores opciones fueran posibles, añade la acusación pública, se pide una indemnización al titular del inmueble en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia.

La Fiscalía subraya en su escrito que «los acusados obraron con una absoluto desprecio por la condición y protección de la que gozaba el inmueble», y finalmente deja fuera de la causa a una octava imputada, al considerar que de las diligencias practicadas no se desprende que participara. De hecho, señala que la licencia manifiestamente ilegal, en tanto que contraria al grado de protección del Palacio de Doñana se otorgó cuando ya no tenía competencias en Urbanismo.

El caso, denunciado por la propia Fiscalía de Huelva, arrancó tras la publicación en BOE (noviembre de 2014) del concurso de obras para la remodelación del Palacio de Doñana, situado en el espacio natural en suelo no urbanizable de especial protección , en zona A del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad) y con protección de grado 1 estructural conforme al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Almonte. El edifico está además incluido en el c atálogo municipal de Bienes y Espacios protegidos , lo que supone que las únicas obras autorizables son de conservación y mantenimiento , sin que se puedan alterar sus acabados y materiales.

Frente a estas figuras de protección, las obras implicaban demoliciones generales , sustitución de carpintería de madera original por obras de pvc, supresión de muros y construcción de nuevos tabiques, cierres de puertas y sustitución de ventanas exteriores por puertas de nuevo acceso a habitaciones en el ala sur, nuevos baños individuales y armarios, además de nuevas instalaciones de aire acondicionado.