Tribunales
El ex alcalde del PP de Aljaraque será juzgado por segunda vez el próximo noviembre
Por delitos de falsedad y blanqueo de capitales, junto al ex concejal de Urbanismo, después de que el Supremo anulara la sentencia que los absolvió y ordenara repetir la vista
El ex alcalde del PP de Aljaraque, Juan Manuel Orta, y su ex concejal de Urbanismo, Casto Pino, volverán a sentarse en el banquillo de los acusados por segunda vez el próximo noviembre, dos años y medio después del juicio en el que el ex regidor fuera absuelto y su mano derecha, condenado a un año y medio de prision por una presunta una trama de corrupción en el municipio.
La vista, que se celebrará en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva entre el 15 y el 30 de noviembre según han confirmado a ABC fuentes judiciales, se repite por orden expresa del Tribunal Supremo (TS), que anuló la sentencia tras aceptar los recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado por infracción de preceptos constitucionales, infracción Ley y quebrantamiento de forma.
El Supremo ordeno a la Audiencia Provincial de Huelva que el juicio quede en manos de magistrados diferentes a los que dictaron la primera sentencia, y considero que la nulidad de las escuchas telefónicas se declaró de modo indebido, así como las pruebas derivadas de estas escuchas y la prescripción de los delitos de falsedad. "En su consecuencia, casamos y anulamos, los referidos Auto y Sentencia, con retrotracción de las actuaciones al momento previo de la vista oral -señalaba el Supremo- para la celebración de un nuevo juicio oral con una Sala de distinta composición a la de las resoluciones que ahora se anulan y dicte nueva sentencia con arreglo a derecho y observancia de las conclusiones establecidas en esta resolución, atinentes a las intervenciones telefónicas, prescripción del delito de falsedad documental continuada y pruebas excluidas".
La acusación pública y la Abogacía del Estado reclamaban para el ex regidor del Partido Popular dos años de cárcel por un delito de falsedad en documento mercantil, a los que añaden otros 3 años y 6 meses de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública , con una multa de 300.000 euros.
Según las estimaciones de Hacienda, el fraude entre los acusados a las arcas públicas rondó los 1,8 millones entre 1997 y 2005.
