El alcalde de Lucena pide agua tras el cierre «dramático» de los pozos ilegales

El alcalde de Lucena del Puerto, el independiente Manuel Mora , ha remitido una carta al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez , en la que le comunica que la situación de la agricultura en la localidad es «dramática» tras el cierre en la madrugada del pasado domingo por parte de CHG de 17 de los 77 pozos ilegales ubicados en monte público, en el término municipal de la localidad, y en la que le pide que tramite, «por procedimiento de urgencia, la concesión en precario de agua superficial». En la misiva le expone que la situación, a 24 horas del cierre de los pozos, puede calificarse de dramática «con seis explotaciones que han perdido el 90 por ciento del agua que gestionaban y 68,96 hectáreas que se perderán seguro si la llegada de aguas superficiales no lo remedia».

Al respecto, ha explicado que con las elevadas temperaturas actuales, con medias de 24 grados y una amplitud térmica entre 19 y 34 grados, «las posibilidades de supervivencia sin agua de los cultivos es nula y no alcanzarán a más de tres o cuatro días , en el mejor de los casos». En el aspecto social, «aunque sólo son un puñado las explotaciones, las familias afectadas directamente son una veintena, puesto que algunas de ellas adoptan la forma de sociedades, lo que de hecho empeora su situación, dado que al ser allegados, la quiebra afecta a todo el entorno familiar y la posibilidad de prestarse ayuda unos a otros».

El número de trabajadores de estas explotaciones supera los 1.300 anuales, 300 de ellos actualmente en alta en las labores de mantenimiento, poda y preparación de terrenos, «que acabarán engordando las listas del paro en breve, en unos días, si la llegada de aguas superficiales no lo remedia». Al respecto, ha explicado que estas explotaciones, que forman parte de las 318 hectáreas recientemente calificadas, «tendrían ya el agua superficial sino se hubiesen producido los errores que retrasaron su calificación y la tardanza administrativa o, dicho de otra manera, estas hectáreas poseen todos los requisitos legales para recibir el agua de regadío y deberían estar regando ya, sino fuera por los problemas administrativos que han surgido, puesto que los legales no existen desde la aprobación del trasvase por ley». Por consiguiente, a su juicio, «no existe impedimento legal para la transferencia de riego», concluye.