Agricultores en Doñana: «No somos delincuentes ambientales»

En teoría, el Seprona detectó en el transcurso de la operación MIZU un total de 28 excavaciones y 37 pozos ilegales en el entorno de Doñana , con la consiguiente investigación a 13 personas jurídicas y 16 personas físicas. Sin embargo, no ha faltado quien ha tomado la parte por el todo y tras la difusión mediática de los datos del operativo, ha terminado asumiendo que las 107 personas detenidas y las 1.457 instalaciones ilegales, -entre ellas 1.410 pozos y 47 balsas-, detectados a nivel nacional, se encontraban todas en los pueblos limítrofes con el Parque Nacional .

Del mismo modo, los agricultores que ejercen su actividad dentro de la más absoluta legalidad en el entorno de Doñana, y a los que esta investigación ni siquiera les ha rozado, sienten que cada vez que surgen nuevas informaciones referidas al cierre de pozos ilegales su nombre queda manchado. Sin ir más lejos, la Comunidad de Regantes de Palos de la Frontera , que aglutina a una buena parte de estos profesionales, dio un paso al frente a mediados de semana para denunciar la imagen de «delincuentes ambientales» que se da del sector en estos casos, cuando la mayor parte «hace uso del agua de forma legal».

Y es que, al contrario de la creencia que se ha extendido, la agricultura onubense del entorno del Espacio Natural cuenta desde 2014 con concesiones de agua superficial, por lo que «no se utiliza el acuífero para las tareas agrícolas». Se trata de la «inmensa mayoría», tal y como advierten desde la Comunidad de Regantes de Palos, que retoma en su comunicado, aunque sea de pasada, una cuestión que las administraciones prefieren soslayar desde que las distintas voces de la defensa ambiental pusieron el foco en el proceso de desecación del Parque: los pozos que hoy son ilegales en el pasado no lo eran.

Los trámites para autorizarlos se iniciaron hace muchos años, advierten desde Palos, cuyo secretario-gerente no ha dudado en denunciar que si hoy siguen siendo ilegales es «por la desidia» de unas administraciones que, en su día, hace décadas, animaron a locales y foráneos a desarrollar la agricultura en este entorno. Un ejemplo memorable es el Plan Almonte Marismas , un proyecto de los años 70 que incluía la conversión en regadío de más de 14.000 hectáreas. Se paralizó en los 90, cuando el Gobierno socialista de la Junta se percató del impacto del plan sobre el acuífero.

Pero no es el único matiz que hay que analizar en un asunto lleno de grises. Los agricultores, organizados en torno a las comunidades de regantes y más tarde dentro de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado , han mostrado su disposición a resolver el problema del agua en Doñana a la espera de que las administraciones ejecuten un trasvase de 20 hm3 de agua superficial cuya ley, tras incontables esfuerzos, fue aprobada en 2018.

Sin embargo, para trasvasar tal cantidad de agua es necesario afrontar una serie de obras que la administración posterga sin explicación. Una de ellas es el desdoble del túnel de San Silvestre , una infraestructura que data del año 71 y de la que depende el abastecimiento del 90% de la provincia de Huelva, no sólo su agricultura. La remodelación para evitar su colapso supondría, según la Plataforma por el Túnel de San Silvestre , que integran 32 entidades socioeconómicas, apenas 60 millones de euros. En el cajón también esperan otras obras determinantes para el progreso y la sostenibilidad de la provincia, como la presa de Alcolea o el canal de Trigueros.