El urbanismo del exalcalde Torres Hurtado: una hipoteca para el Partido Popular de Granada

Leo Rama

28/04/2017
Actualizado a las 08:07h.

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Mientras prosigue la macrocausa de la Operación Nazarí , la misma juez que lo instruye avanza de forma paralela en las diligencias del caso Serrallo . Tras citar como imputado al exalcalde, el Juzgado de Instrucción 2 de Granada ha decidido ampliar la investigación a todos los concejales populares de la junta de gobierno local que permitió modificar sustancialmente un proyecto de edificación para levantar una discoteca donde estaba prevista la construcción de un parque infantil.

Con este nuevo paso, se confirma que el urbanismo de la etapa de José Torres Hurtado es una losa, una hipoteca de la que el PP no consigue desprenderse. Falta le haría a un partido que aspira a recuperar la Alcaldía de Granada, ahora ostentada por el socialista Francisco Cuenca , también investigado por externalizar el control de cursos de formación durante su etapa como delegado de la Junta de Andalucía.

Sorprendentemente, la imputación es la línea roja marcada por Ciudadanos –ejerce de partido bisagra en el Ayuntamiento– para pedir la dimisión de un político en el Ayuntamiento de Granada. Este criterio, en base al cual arrebató el gobierno municipal al PP para dárselo al PSOE con el estallido de la Operación Nazarí, no se ha aplicado en el caso de Cuenca, que lleva medio año como alcalde investigado sin que Ciudadanos exija su salida.

La amenaza de una moción de censura  entre PP y Ciudadanos –juntos son mayoría– es sólo eso: una advertencia. Cuentan con concejales para hacer de la posibilidad una realidad. Según ha manifestado Luis Salvador , todo depende de cómo resuelvan los populares los frentes judiciales que tienen ante sí. Y no ayuda el estado de incertidumbre en el que se encuentra el partido en Granada por los 13 años de gestión de Torres Hurtado que están bajo sospecha.

Seis de nueve

Ya estaban bajo sospecha tanto la concejal delegada de Urbanismo, Isabel Nieto , así como el exregidor, José Torres Hurtado, al que la juez decidió llamar a declarar hace apenas un mes, como ahora lo ha hecho con el resto de miembros de la junta de gobierno local. En concreto, se trata de los exconcejales Juan Antonio Mérida y Vicente Aguilera, así como seis de los nueve ediles que conforman la bancada popular en estos momentos: Juan García Montero, Telesfora Ruiz, Fernando Egea, Juan Antonio Fuentes, Francisco Ledesma y María Francés .

También han sido citados a declarar la exsecretaria del Ayuntamiento, Mercedes López, y el interventor municipal, Francisco de Paula. Fuera del ajo se queda la actual portavoz del grupo municipal del PP y futurible alcaldesa, Rocío Díaz , que no estuvo presente en aquella junta de gobierno local. La jueza estudia si hubo, o no, trato de favor hacia el constructor Roberto García Arrabal, que ya ha reconocido que contrató a hijos de altos cargos de Urbanismo, así como de la concejal Telesfora Ruiz.

Por VOX

El PP salió este viernes a la palestra para pedir «respeto» hacia los concejales investigados y manifestar su hartazgo porque siempre «paguen justos por pecadores». El partido no tiene previsto pedir la dimisión de ninguno de ellos en base a que no participaron en la elaboración de los expedientes bajo sospecha, sino que se limitaron a votar confiados en la legalidad de los mismos.

Aunque el propio Torres Hurtado – suspendido de militancia por el PP tras el estallido de la Operación Nazarí– esgrimió en su declaración que los ediles no conocían en profundidad los temas tratados en la junta de gobierno local, la juez considera que los concejales tienen la obligación de estar al tanto del contenido de los mismos y asegurarse de que cumplen con la legislación.

Por ello, la juez presume que podrían haber incurrido en un delito de prevaricación y acepta la petición de la acusación popular –ejercida por VOX– de extender la causa a los ediles antes citados. La decisión también está motivada por la testifical del exconcejal de Urbanismo, el popular Luis Gerardo García Royo. En su declaración por el caso Nazarí, García Royo confirmó que el proyecto final del Centro Comercial Serrallo es considerablemente distinto con respecto el planteado en un principio. 

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